El sindicato indicó en un comunicado que la decisión de recurrir responde al "compromiso" adquirido con el profesorado de Tecnología "ante la reducción y limitación que, sin causa o motivo que lo justifique, esta norma realiza sobre los nuevos bachilleratos tecnológicos" y porque cree que no es legal el artículo 14, que establece "la obligatoriedad de los centros educativos, el profesorado y el alumnado de 1º de bachillerato que no cursa las enseñanzas de religión de quedar sujetos a un conjunto de medidas organizativas de atención educativa" que carecen de contenido curricular.

Por lo que respecta al primer motivo de impugnación, para FETE-

Ugt pv la Orden "impide, de forma injustificada, que todos los centros oferten la modalidad de Ciencias y Tecnología y que, además, no dejará que se implante esta modalidad si no hay un mínimo de 12 alumnos y aulas adecuadas para cursar las asignaturas de Tecnología Industrial I e II y Electrotecnia, que son las que conforman la rama tecnológica de esta modalidad".

El sindicato sostuvo que el criterio del mínimo de alumnos "no tiene apoyatura legal ni en la LOE ni el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas del Bachillerato", y al mismo tiempo, "dificulta que el alumnado pueda alcanzar los criterios establecidos por la Universidad, que establece las materias que ponderan para las nuevas PAU (selectivo) a partir de 2010, fijando que Tecnología II y Electrotecnia ponderarán con 0,2 para el alumnado que quiera cursar carreras de ingeniería y arquitectura".

De este modo, considera que la Orden de la Conselleria de Educación se encuentra "en abierta contradicción con la normativa y los criterios para el acceso a la Universidad". Para FETE-

Ugt pv, "no se puede prestar un servicio público educativo de calidad si para la implantación y desarrollo de determinadas enseñanzas de carácter especializado, como es el caso del bachillerato científico-tecnológico, se exigen tener un número mínimo de alumnos alto por grupo y se piden un excesivo número de requisitos técnicos y de instalaciones sin haber realizado previamente y a lo largo del tiempo las oportunas inversiones".

En esta línea, FETE-

Ugt pv consideró que con esta norma "no sólo se discrimina el alumnado que quiere cursar la opción del bachillerato científico-tecnológico y se incumple el espíritu de la LOE, sino que su aplicación puede comportar también la pérdida de puestos de trabajo".

En relación con el segundo supuesto, el sindicato sostuvo que establecer medidas de atención educativa "específicas" dirigidas al alumnado que no cursa las enseñanzas de religión que tienen un carácter voluntario, "no tiene cobertura legal en la medida que no vienen exigidas, a diferencia de lo que se establece para el alumnado y la organización de las enseñanzas de la ESO, ni por el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas del Bachillerato ni tampoco por el Decreto autonómico que lo desarrolla para su aplicación en la Comunidad valenciana".

Por ello, ha pedido que se declare ilegal el artículo 14 de la norma porque supone "una anómala novedad, sin base legal", que "incrementa" las "obligaciones y el trabajo" de centros y profesores.