Herguedas señaló que, según consta en el expediente, los promotores, que suman un 60 por ciento del total del terreno, son la Comunidad de las Hermanas Clarisas, con el 37,67 por ciento del suelo; Summa Inmobiliaria, con el 9,09 por ciento, e Intervide, con el 13,29 por ciento.

La edil de izquierdas indicó que el resto del sector lo componen 54 propietarios "que no promueven, sino que sufren las consecuencias de esta actuación" y ha tachado de "curioso" que "la principal beneficiaria del alicatamiento de la falda del monte sea precisamente una orden religiosa".

Al respecto, afirmó que esta orden "se ha asegurado en el plan parcial que el entorno próximo al convento quede resguardado de la ola urbanizadora, pues el parque metropolitano que resultará de la actuación se situará entre su convento y las viviendas".

"Pero esta no es la única actuación urbanística de instituciones ligadas a la Iglesia. En la pedanía de Santo Ángel, las Hermanas de Cristo Crucificado se van a beneficiar de la urbanización de Monteliso, que prevé la construcción de viviendas de lujo lindando con el LIC del Valle-Carrascoy y existe un proyecto para la edificación de apartamentos en el entorno BIC del monasterio de Santa Catalina", concluyó.