El Fiscal solicita dos años y seis meses de prisión para el médico residente que en la noche del 3 de junio del año 2008 apuñaló a una compañera cuando ambos se encontraban trabajando en el hospital Valdecilla de Santander.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, consultado por Europa Press, el acusado, que cuando ocurrieron los hechos presentaba un trastorno esquizoide de la personalidad y un trastorno psicótico no especificado, trabajaba en la sección de Anatomía Patológica de dicho centro hospitalario.

Sobre las 22,50 horas, cuando se encontraba trabajando, asestó varias puñaladas con un cuchillo de cirugía, tipo estilete, de más de 13 centímetros de hoja, a otra médico residente, a la que hirió en el torax, brazos y zona femoral, sin mediar discusión alguna entre ambos.

Acto seguido, el agresor, de 28 años de edad, llamó a la policía para decirles que había apuñalado a una compañera de trabajo, y diciendo donde se encontraba, por lo que los agentes le detuvieron de inmediato.

A consecuencia del apuñalamiento, la víctima, de 27 años de edad, sufrió múltiples heridas por las que, según relata el Ministerio Público, hubiera muerto en poco tiempo de no mediar la intervención de los servicios médicos de urgencias del hospital en el que trabajaba.

La joven, que tuvo que ser sometida a intervenciones quirúrgicas, y que estuvo hospitalizada 28 días, sufre secuelas que le han ocasionado un perjuicio estético importante, ya que le han quedado numerosas cicatrices por diversas partes del cuerpo.

El Fiscal califica estos hechos como delito de homicidio en grado de tentativa, con la circunstancia de exención incompleta por alteración psíquica y la atenuante de confesión, y pide que se imponga al acusado la pena de dos años y seis meses de prisión, interesando el internamiento en un centro psiquiátrico durante el tiempo de la condena.

Igualmente solicita que indemnice con 8.000 euros a la víctima por las lesiones, y con 40.000 por las secuelas, declarando responsable civil subsidiario al Gobierno de Cantabria al ser titular del Servicio Cántabro de Salud.

Por su parte la acusación particular pide una pena de 4 años y 6 meses de prisión y una indemnización de 15.320 euros por el periodo en que tardó en curar la víctima, y de 57.800 euros por las secuelas, mientras la defensa solicita dos años de prisión, con internamiento en un centro psiquiátrico por igual tiempo máximo si se considera necesario, a cumplir antes de la pena y abonándose en el cómputo de ésta.

Tanto la defensa como la acusación particular aluden en sus escritos a una sobrecarga de trabajo que pudo influir en el comportamiento del acusado. Además en el caso de la representación de la víctima se alega que el imputado había puesto en conocimiento de sus superiores la consulta que había hecho en una unidad de salud mental en octubre de 2005, sin que se modificase el sistema de trabajo, pese a que la medicación prescrita interfería con el ritmo laboral por lo que decidió abandonar la medicación.

Añade que unas tres semanas antes del suceso, el inculpado volvió a repetir sus quejas a su tutor médico, a quien expuso que su estado era tal que estaba incluso dispuesto a dejarlo todo, pero, según la acusación particular, fue convencido para que continuase en la misma situación.