El PSPV acusa a Camps de "olvidarse" de 24.000 personas que necesitan ayuda de la Generalitat para subsistir

El responsable de Sanidad y Políticas de Bienestar Social de los Socialistas Valencianos, José Ramón Mayans, acusó hoy al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, de "olvidarse de 24.000 personas a las que abandona al no hacer efectiva la renta garantizada".

Así, explció que la renta garantizada de ciudadanía es una prestación económica, recogida en el Estatut de autonomía de la Comunitat Valenciana, para las familias con dificultades económicas que no reciben ninguna otra prestación acompañada por planes de inserción social, "lo cual les permite subsistir". Esta ayuda tiene una duración máxima de cinco años y se "debería estar abonando por el Gobierno valenciano del presidente Camps que tampoco lo está pagando", recriminó.

Al respecto, consttaó que "esto repercute en el bienestar de estos ciudadanos, pero además, sobre las precarias finanzas de los ayuntamientos que ven como tienen que financiar prestaciones comprometidas por la Generalitat que no cumple".

Además, criticó que "el presupuesto asignado para este concepto ha experimentado un descenso progresivo en los últimos años pasando de 10 millones de euros a 2 millones en el año 2008, pero lo intolerable ya es que además el Gobierno de Camps no lo paga". "Es una realidad que estos 24.000 valencianos le preocupan muy poco al presidente Camps y menos si estos son pobres", dijo.

"Por este motivo y porque Camps "ha engañado y sigue engañando a los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunitat, el presidente de la Generalitat debe dimitir inmediatamente", reclamó. Por último, Mayans exigió que Camps "dé explicaciones de por qué no se está abonando la renta garantizada a las personas que lo necesitan" y le invitó a que "por una vez, asuma su responsabilidad, reconozca que se ha equivocado y pida perdón a las familias que tiene abandonadas en la estacada".

Por todo ello, dijo que será el próximo Gobierno socialista de la Generalitat "el que aplique la Ley de Dependencia, el que resuelva en un plazo máximo de 30 días las solicitudes para recibir las ayudas y el que asuma la responsabilidad de atender las necesidades de los valencianos y las valencianas".

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