De este cometido, según resaltó, se encarga el personal funcionario y laboral contratado, que cuenta con "la experiencia profesional a la que obliga la propia Ley de Dependencia", y cuyo cuadro ha sido ampliado en "más de 40 personas". Ambas medidas se enmarcan en "un programa especial" para "agilizar" la tramitación, que incluye una inyección económica de casi 60 millones de euros.

Así, después de que la CIG denunciase una "cesión ilegal" de trabajadores por parte de "una empresa vinculada al PP" para tramitar "datos sensibles" relacionados con la Ley de Dependencia, el departamento autonómico explicó que la contratación de este apoyo técnico tiene como objetivo "mejorar" el programa informático para ejecutar la tramitación de los "más de 6.000 expedientes" que entrarán antes del primer cuatrimestre de 2010.

"Se trata de dar salida a los expedientes atrasados y mejorar así la respuesta a los solicitantes", puntualizó, y avanzó también que el contrato finaliza la primera quincena de febrero. A mayores, garantizó que "se hizo de forma completamente legal" y "a través de un procedimiento amparado por la tramitación de urgencia", al tiempo que aclaró que "todos los trabajadores están sometidos a la Ley de Protección de Datos".

Por todo, Benestar lamentó las acusaciones referidas a la citada contratación, puesto que "en ningún caso" se trata de "cesión ilegal" sino de "un contrato temporal" con el fin de "agilizar" el proceso de tramitación y "ejecutar la inyección de 60 millones de euros destinados a pagar los atrasos a más de 6.000 dependientes".