Rafael P.P., de 67 años de edad e imputado por intentar hacer volar en julio pasado el bloque número 30 de la calle Arquitecto José Gómez Millán de Sevilla por medio de siete bombonas de gas butano y líquido inflamable, se negó hoy nuevamente a declarar por las presuntas calumnias e injurias a un vecino del bloque en los meses previos al incendio, aunque sí dijo que "el que tendría que estar en prisión" es el querellante.

En este sentido, fuentes del caso informaron a Europa Press de que Rafael P.P. acudió en la mañana de hoy miércoles a los juzgados del Prado de San Sebastián para prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, aunque finalmente se negó a ello señalando que el querellante —el administrador de fincas que gestiona la comunidad de propietarios de este edificio y vecino del propio bloque, José Enrique Algaba— "tendría que estar también en la cárcel por las cosas que dice en la querella".

De esta manera, es la segunda ocasión en la que este individuo se niega a declarar ante la juez Mercedes Alaya Rodríguez, pues hay que recordar que en su primera comparecencia, fijada para el pasado día 14 de septiembre de 2009, argumentó que el Juzgado de Instrucción número 14 —el cual instruye la causa por el incendio del pasado mes de julio— no le había devuelto el audífono que usaba y que entregó tras causar presuntamente el fuego, algo que finalmente se solucionó.

En su día, el propio José Enrique Algaba recordó que fue en noviembre de 2008 cuando él mismo denunció al ahora imputado acusándolo de introducir cartas en su buzón con mensajes "completamente ofensivos y que excedían los límites de lo tolerable". Según afirmó, en estas cartas Rafael P.P. "realizaba una serie de imputaciones", por lo que "llegó un momento en el que no podía tolerar más" los mensajes incluidos en las misivas e interpuso la denuncia ante el Juzgado, el cual realizó la citación judicial un mes más tarde, factor este que disuadió al acusado de remitir más misivas al administrador.

Al hilo de ello, Algaba señaló que, aunque tras la primera citación judicial el imputado dejó de mandar cartas, pasó a amenazarle verbalmente, aunque los vecinos "nunca llegamos a imaginar que las amenazas iban a llegar a este término" —en referencia al incendio provocado el pasado mes de julio por este individuo, actualmente en prisión imputado por un presunto delito de estragos, el cual engloba los daños y el incendio, y once presuntos delitos de incendio en grado de tentativa—.