El alcalde del Ayuntamiento de Vera, Félix López (PA), anunció hoy la intención del Consistorio de recurrir en los próximos días el auto dictado por el juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Almería que obliga a la corporación municipal de forma cautelar a proporcionar una vivienda o hacerse cargo del arrendamiento de una casa para matrimonio británico formado por Leonard y Helen Prior, cuya propiedad fue demolida hace más de dos años después de construirla con una licencia municipal que fue declarada nula judicialmente con posterioridad, pese a lo que indicó que "ayudará a los Prior" para darles un alojamiento.

En declaraciones a Europa Press, el regidor veratense mostró su voluntad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la pareja británica "mientras se decide qué hacer con ellos", ya que, según afirmó, actualmente sus condiciones de vida "no son muy humanas" debido a que ambos habitan en un garaje.

Así, López recordó que, tras el derribo de la vivienda de los Prior, el Ayuntamiento les ofreció una casa situada en la urbanización de Puerto Rey en la localidad, si bien ellos, según el alcalde, no la aceptaron "ya que las características no eran acordes a sus necesidades", puesto que, según especificó, la casa derruida se encontraba aislada en el paraje de La Loma.

No obstante, el primer edil afirmó comprender la situación de la pareja, por lo que quiso transmitirles su "apoyo", de manera que indicó que contribuirá a buscar una vivienda de características parecidas a la que poseía el matrimonio para que "se encuentren a gusto" hasta que se resuelvan los procesos judiciales, una opción que, según señaló, evitaría el pago de 800 euros mensuales a modo de arrendamiento.

En este sentido, Leonard y Helen Prior reclamaron al Ayuntamiento una cantidad de más de 600.000 euros al considerar que el Consistorio es responsable civil de la pérdida de su residencia después de que un juez declarase la nulidad de la licencia municipal de obras a instancias de la Junta de Andalucía.

En concreto, el matrimonio Prior solicita a la corporación local 80.000 euros en concepto de daños y perjuicios más otros 535.000 euros, cantidad en la que estaba valorado el inmueble según el informe de tasación aportado al procedimiento del que derivó la orden de demolición dictada por el juez Jesús Rivera, titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional anuló la orden de demolición ejecutada el 9 de enero de 2008 sobre la vivienda unifamiliar propiedad del matrimonio al considerar "incuestionable" que el proceso contencioso-administrativo incoado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía vulneró su derecho de tutela judicial efectiva y los situó en una situación de indefensión que derivó, a la postre, en la pérdida de su casa.