Para Alonso, "se está poniendo en tela de juicio la competencia del ayuntamiento para decidir dónde se deben instalar las antenas de telefonía móvil y, por lo tanto, se está cuestionando la capacidad municipal de planificar su territorio frente a los intereses de una empresa privada".

Según el edil, "a partir de esta sentencia son las operadoras las que deciden dónde situar una antena independientemente de lo que opinen los ciudadanos a través de sus representantes políticos por lo que se está afectando gravemente a la capacidad de gobierno municipal".

Por ello, Alonso ha reclamado al gobierno municipal que "recurra esta sentencia en defensa de los intereses del ayuntamiento y de la capacidad de decidir por parte de los vecinos sobre cuestiones que afectan a su ciudad y sus barrios, especialmente en cuestiones como la telefonía móvil que además están sometidas a una fuerte presión vecinal".

En este sentido, Alonso ha lamentado que, de no recurrirse esta sentencia, el Ayuntamiento "no podrá decidir proteger determinados entornos como colegios u hospitales (los llamados centros sensibles por la propia normativa) de las radiaciones electromagnéticas".

Por último, IU ha remarcado la poca efectividad del fallo en cuanto al emplazamiento concreto sometido a discusión, el bloque de edificio situado en la calle Altair, dado que la propia comunidad de vecinos "ya ha manifestado de forma mayoritaria su voluntad de no ceder el vuelo de su edificio para situar dicha antena".

Según Alonso, "sería más lógico requerir a las compañías de telefonía móvil que presenten el acuerdo de la comunidad de propietarios antes de solicitar una nueva ubicación, dado que si no, la incorporación en el Plan de Implantación no tiene efectos y distorsiona el mapa real de antenas con emplazamientos que realmente no existen".