El sindicato señaló que el Ayuntamiento de la localidad "argumentaba que se trataba de una medida para hacer frente a la crisis económica que atravesaban las arcas municipales". Sin embargo, CSI·F decidió llevar esta decisión política ante el juzgado "por considerar que se estaban vulnerando los derechos de los trabajadores".

Los trabajadores afectados eran 112 de los 317. Con la decisión del juzgado, el Ayuntamiento deberá abonar "el concepto retributivo de los cuatrienios durante el año 2009 a los empleados públicos en régimen funcionarial con efectos 1 de mayo".

La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número siete de Valencia recuerda en su resolución que la corporación local "tiene atribuida por ley la potestad de dejar de pagar las cantidades que abone a los funcionarios derivados de pactos, pero dicha posibilidad se configura como una modalidad excepcional, por causa grave de interés público, sin que la demandada haya acreditado esta circunstancia".