Los dos jóvenes que denunciaron un centro terapéutico de menores con trastornos de conducta de Galapagar por presuntos malos tratos físicos y psíquicos por parte de varios educadores a los internos afirmaron este martes que los cuidadores los "pegaban, ataban y medicaban a la fuerza".

Juan Carlos, uno de los denunciantes, aseguró que los educadores les "ataban a la cama durante noches enteras y no les dejaban ir al instituto" como forma de castigo.

Juan Carlos estuvo un año y un mes sufriendo, según él, este tipo de vejaciones. "Nos pegaban, nos ataban y nos medicaban a la fuerza", contó. Además añadió que les castigaban sin ir a clase. "Los profesores del instituto sabían de nuestra situación y querían hablar con ellos pero todavía no sé si lo han hecho", señaló.

Sólo dos de los 17 adolescentes que compartían con ellos esta situación se han atrevido a denunciar. "Ellos tienen miedo porque una vez uno de ellos denunció un educador y ya no está allí, le echaron", aseveró. Asimismo, Juan Carlos explicó que no eran todos los educadores los que maltratan a los internos, sólo "los del turno de tarde y entre semana".

"Completo descontrol y opacidad"

Santiago Agustín, psicólogo especializado en adolescentes, ayudó a estos jóvenes con la denuncia y explicó que son muchos los jóvenes que cada dos o tres meses salen del centro "con la misma historia". "Exigimos transparencia porque la situación es de completo descontrol y opacidad", señaló.

El centro está gestionado por la empresa Mental Consulting S.L. y, como aseguró Agustín, no hay nadie que garantice que esas personas que trabajan con los "chavales" tengan un título o estén preparados para hacerlo. "No sabemos si hay psiquiatras, no sabemos que formación tienen esas personas que están cuidando de ellos, lo único que sabemos es que la Comunidad de Madrid da alrededor de 3.800 euros por menor al mes", aseguró.

Agustín explicó que no es el primer caso de estas características en España y, por eso, el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional y, ahora, Naciones Unidas pidieron explicaciones al Gobierno de España ante esta situación. "Pero el Gobierno dice que es competencia de las comunidades autónomas y éstas de la empresa privada que se hace cargo de la casa de acogida", señaló el psicólogo. Unas empresas que "no se sabe cuáles son".

Por su parte, un Juzgado de Collado Villalba podría investigar la denuncia interpuesta por los jóvenes contra el centro. La Consejería de Familia y Asuntos Sociales recordó este lunes que el fiscal ya visitó este centro en el que, según las denuncias, se cometen abusos contra los menores, y destacó que no se encontró "ningún problema". La titular del departamento, Engracia Hidalgo, aseguró que no tiene inconveniente en comparecer ante la Asamblea como reclama el PSOE para dar explicaciones al respecto.