Tribunales.- El cabo que abrió la investigación del caso de las facturas se querella contra el alcalde de Baena

El cabo de la Guardia Civil que abrió la investigación del caso de las llamadas 'facturas falsas' de Baena (Córdoba) y su mujer han exigido, por vía judicial, al alcalde de dicha localidad y a tres concejales del gobierno municipal socialista, el pago de 300.000 euros, para así evitar una querella por injurias y calumnias.

Así, según se indica en dos demandas de conciliación formuladas por el cabo y su esposa, a las que ha accedido Europa Press y que son previas a la presentación de dicha querella, el guardia civil y su mujer, la ex contable del empresario cuya denuncia dio origen al caso, pero que luego se retractó y dijo que denunció bajo coacciones y amenazas del citado cabo, entre otros, entienden que han sido objeto del "injusto oprobio", en diferentes formas y momentos, por parte del alcalde baenense, Luis Moreno, y el primer teniente de alcalde, Jesús Rojano, por un lado, y por los tenientes de alcalde José Calvo y María Jesús Serrano, por otro lado.

De este modo y según recoge la demanda referida al alcalde y Rojano, a raíz de que el empresario se desdijera de su denuncia inicial, "se inicia un acoso mediático por parte de Luis Moreno y Jesús Rojano" contra el guardia civil y su esposa, a lo que se suma que el alcalde y Rojano, "de manera reiterada, tanto en plenos del Ayuntamiento, como a través de distintos medios", hicieron "graves acusaciones" contra la ex contable y su esposo, llegando Moreno a afirmar que el caso de las facturas tiene su origen en "una trama que tiene como colaborador a un cabo de la Guardia Civil, Pablo Muñoz, hermano de la concejal de IU", María José Muñoz, que precisamente ejerce la acusación particular en el caso de las facturas.

En cuanto a los otros dos concejales socialistas objeto de la otra demanda de conciliación, Calvo y Serrano, el cabo y su mujer que ambos se dedicaron a la "difusión" por Baena de "anónimos" en los que los presentaban "a la opinión pública como cooperadores necesarios de una trama política para socavar supuestamente la imagen y el prestigio del alcalde de Baena".

Como consecuencia de tales hechos y de los anteriormente descritos, el guardia civil declara estar "de baja para el servicio desde agosto de 2008, a consecuencia de las presiones mediáticas sufridas", mientras que su esposa "se encuentra en tratamiento psicológico por los mismo motivos e incluso ha sido despedida de su trabajo".

Por ello, al considerar que no se merecen "el sufrimiento" que están padeciendo, "ni la difusión de unas informaciones tan ajenas a la realidad de los hechos", demandan "una compensación" económica de 150.000 euros al alcalde y Rojano, y otra, por igual cantidad, a Pavón y Serrano, para que éstos den "cumplido pago y satisfacción al perjuicio" que afirman haber sufrido el cabo y su esposa.

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