Los mayoristas de pescado de Mercasevilla han formulado alegaciones contra los 21 expedientes sancionadores notificados a miembros del colectivo por los cierres patronales protagonizados los días 12 y 28 de noviembre de 2009, cuando los mayoristas de este género no abrieron sus puestos para presionar a la sociedad mixta, participada por el Consistorio hispalense y Mercasa, a renegociar los cánones "abusivos" que gravan su actividad.

El abogado de los mayoristas de pescado, José Ramón Rodríguez Fajó, informó a Europa Press de que las alegaciones han sido entregadas hoy mismo en el registro del Ayuntamiento, cuya área de Salud y Consumo ha notificado a 21 miembros del colectivo acuerdos de inicio de expediente sancionador a consecuencia de los citados paros empresariales. Al respecto, explicó que a los restantes 21 mayoristas de pescado no se les ha notificado "nada" aún pese a que también participaron en tales movilizaciones.

La actuación del área de Salud y Consumo, como se recordará, responde a la "petición" expresa del director general de Mercasevilla, Jordi Maymó, y alude concretamente a los cierres patronales de los días 12 y 28 de noviembre. Los expedientes sancionadores, así, contemplan penas como la "prohibición" de acceso a las instalaciones con fines mercantiles de entre 30 y 90 días, la retirada de la licencia durante un periodo que oscila entre los tres y los seis meses e incluso "la retirada definitiva de la licencia".

Asunto de competencias

No obstante, las alegaciones hoy entregadas en el Registro municipal advierten de la "nulidad de pleno derecho" de estos actos administrativos, ya que aunque en los acuerdos de inicio de expediente sancionador figura "el membrete" del área de Salud y Consumo, la notificación se consuma en nombre del primer teniente de alcalde y titular del macro área de Socio-Economía, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA). El departamento de Rodrigo Torrijos, según el letrado de los mayoristas "es manifiestamente incompetente" para hacerse cargo de este procedimiento.

José Ramón Rodríguez Fajó advirtió de que Rodrigo Torrijos es el "instructor" de estos expedientes pese a que su departamento "no tiene competencias al respecto", por lo que reiteró la "nulidad de pleno derecho" de estos acuerdos de inicio de expediente sancionador. Las alegaciones, además, recuerdan que pese a los paros patronales, el mercado de la ciudad no sufrió "desabastecimiento", extremo defendido con declaraciones del consejero apoderado de Mercasevilla, Alfonso Mir (PSOE) y de los minoristas de pescado ante los medios de comunicación.

Entre estos cánones cuya negociación se reclama, como se recordará, figuran un canon del 2,05 por ciento en concepto de "facturación y cobro" del total de ventas y otro gravamen del 1,57 por ciento por "transporte, manipulación y colocación del pescado", cánones que, según los mayoristas de pescado, fueron declarados contrarios a las leyes de competencia por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución incluso ratificada por la Audiencia Nacional.