La reunión bilateral que la Xunta y el Gobierno central mantendrán el próximo martes servirá para que Galicia pida explicaciones al Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero acerca de los motivos que le llevan a estudiar un recurso contra la Ley de Cajas aprobada por el Parlamento autonómico el pasado mes de diciembre, así como para preguntar por qué "no se puso en contacto" con la comunidad.

De esta manera, el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo planteará la posibilidad de "crear una comisión de seguimiento" normativo entre ambas administraciones y prever, de este modo, conflictos institucionales, algo que completará con la petición de explicaciones por el informe encargado al Consejo de Estado.

El Gobierno gallego lamenta, en este contexto, no haber recibido "ninguna comunicación" del Estado a este respecto, por lo que espera que en el seno de la comisión bilateral, que se celebrará después de haberse suspendido la programada para el 22 de diciembre, se transmita la información sobre esta decisión y de los artículos de la norma que considera que no son respetuosos con la Constitución.

Al respecto, Galicia preguntará el motivo por el que "llevó a la Gobierno a solicitar este informe sin antes dirigirse a la Xunta ni pedir ningún tipo de aclaración sobre la normativa", que —recuerda el Ejecutivo autonómico— fue aprobada "por una amplia mayoría" del Parlamento gallego y por los letrados de la Cámara, si bien contó con los votos en contra del PSdeG.

Traspasos competencias

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico abrirá negociaciones sobre diez nuevos traspasos de competencias a Galicia y analizará, con el Gobierno central, el estado de los que quedaron pendientes en la legislatura anterior y que ya habían sido pactados entre ambas administraciones. A mayores, prevé hacer un seguimiento de las prioridades y aportaciones de Galicia en relación con el semestre de la Presidencia española de la Unión Europea.

Concretamente, la Xunta buscará "reactivar" el proceso de transferencias competenciales, tal y como se comprometió el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves. Con este fin, el Gobierno gallego acude con una serie de demandas aprobadas en el Consello de la Xunta relativas a materias para nutrir el autogobierno de Galicia y prestar los "mejores servicios" a los ciudadanos.

Las dos primeras novedades se corresponden con el traspaso de la titularidad de las carreteras AP-9 y AP-53 —"dos vías de comunicación fundamentales en la vertebración del territorio"— y las competencias de licitación, ejecución y gestión de obras en los embalses de la comunidad. Otra de las reclamaciones "más importantes" para la Xunta recae sobre la ordenación del litoral y la gestión del dominio público marítimo terrestre, con vinculación especial en la construcción de puertos, la reglamentación urbanística y el control de vertidos.

Además, reclamará la competencia exclusiva de los servicios de meteorología, una reclamación que ya estaba prevista en el mes de diciembre pero que se hizo más fuerte tras el temporal de viento registrado este mes en Galicia y que no fue avisado con antelación.

También reclama la gestión de ordenación del sector pesquero que, entre otros objetivos, otorgue la responsabilidad sobre los organismos de investigación marina. Finalmente, en el ámbito de la Administración de Justicia, el Gobierno gallego pide el traspaso de todas las competencias de ejecución y gestión en materia de personal.

Entre las solicitudes pendientes, la Xunta buscará agilizar el traspaso de las competencias de tráfico y seguridad vial, para el que existe un acuerdo unánime del Parlamento autonómico de la pasada legislatura.

Presidencia española de la ue

Por último, en lo que respecta a la Presidencia española comunitaria, el Ejecutivo de Núñez Feijóo, que ya envió al Gobierno central de un documento con "las principales prioridades gallegas", entre las que destaca "el apoyo decidido" a la celebración del Xacobeo 2010, tratará de dar forma a los compromisos en este sentido requeridos por el Parlamento autonómico.

La Cámara gallega aprobó el pasado 9 de diciembre, con el apoyo de lo tres grupos con representación —PPdeG, PSdeG y BNG— una hoja de ruta para que la Xunta defendiese los sectores productivos de Galicia, como la agricultura o la pesca, con motivo de la Presidencia española de la Unión Europea.

Los puntos que los diputados defendieron como estratégicos para la Comunidad gallega en los primeros seis meses del próximo año fueron recogidos en una moción aprobada en el seno de la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento, que pide aprovechas estos seis meses para defender la revisión de decisiones en el ámbito del 'chequeo médico' de la PAC en relación al sector lácteo o lograr que la pesca de bajura y marisqueo tengan un tratamiento diferenciado y de protección en la UE.

Los tres grupos parlamentarios también reclamaron que los transportes de ría en Galicia sean una prioridad, así como demandaron agilizar los fondos comunitarios para las conexiones gallegas con la Meseta y el resto de la Unión Europea, el reconocimiento de las lenguas cooficiales en los estados miembros y la inclusión de los conselleiros de la Xunta en los consejos de ministros que se celebren en Galicia.