Según informaron a Europa Press del sector, con esta misiva, que fue respondida afirmativamente por la empresa, se pretende "evitar y tranquilizar a los armadores", toda vez que, según ya apuntaron anteriormente, "en torno al 8 de febrero uno de los barcos, el Viking Line, podría entrar en cancelación si el armador lo decide así", lo cual podría suponer pérdidas por unos 80 millones de euros, lo que "duplicaría la deuda de astilleros".

Las fuentes apuntaron que en próximas semanas podrán celebrarse reuniones con esos armadores para concretar "qué tipo de garantías" les ha ofrecido la Junta para asegurar que el pedido se mantendrá en la factoría hispalense.

Por otro lado, fuentes del comité de empresa de Sevilla valoraron que un antiguo directivo de dicha industria hispalense, Ángel Fernando Díaz-Munío Roviralta, sea es la persona "aceptada" por los futuros inversores de la planta para el cargo de apoderado general de la compañía.

Fuentes del comité indicaron a Europa Press que Fernando Díaz-Munío fue director de astilleros de Sevilla cuando era público, tras lo que consideraron que la Junta "ha dado un paso muy importante y valiente, que apoyamos, y confirma que la Junta está seriamente implicada en la solución para Astilleros de Sevilla".

Por ello, los trabajadores esperan que el consejo de administración de Astilleros de Huelva, máximo propietario del astillero sevillano, acepte al candidato propuesto, que "reúne el perfil adecuado, pues tiene experiencia, es ingeniero naval y no está contaminado de este último proceso de privatización".

Los trabajadores se reunirán el lunes para analizar cuál es la situación y decidir nuevas acciones a llevar a cabo, esperan que haya avances este fin de semana, con reuniones entre Junta y empresa, "y en función de las variables de este fin de semana actuaremos".