Así lo determinaron las comunidades de Navarra, País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Madrid, Asturias, Cantabria y Aragón en la reunión que han mantenido ayer y hoy en Pamplona, y en la que, según el consejero navarro de Justicia, Javier Caballero, se ha realizado un trabajo "serio y riguroso".

En el encuentro abordaron dos temas principales, la reforma de la Justicia y la Justicia gratuita, en los que se alcanzaron conclusiones "de consenso". En concreto, sobre el primero de los temas señalaron que la implantación de la nueva Oficina Judicial es el "principio" de un proceso para alcanzar la Justicia del siglo XXI.

En este sentido, Caballero señaló que en dicho proceso "no son suficientes las reformas procesales ni los pasos dados hasta ahora sino que hay que avanzar con profundidad en el traspaso de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia, sin menoscado del carácter nacional de los cuerpos de funcionarios".

Según expuso, de no otorgar estas competencias a las CCAA el modelo se pone "en serio riesgo". "La Administración del Estado tiene que liderar este proceso, tiene que hacerlo con prontitud, ya que es fundamental para que podamos acometer todos los cambios organizativos que podamos actuar sobre los medios humanos que prestan servicios", indicó el consejero.

Entre los acuerdos alcanzados, destacó igualmente que se constituya con "carácter inmediato" una base documental que cada Comunidad haya elaborado o elabore sobre planificación, desarrollo, implantación y despliegue de la nueva Oficina Judicial. "Que todos podamos aprovechar las sinergias porque desde nuestras distintas realidades podemos encontrar puntos en común", dijo Caballero.

Abogan también las distintas CCAA por intensificar la coordinación de las comunidades en la negociación de la nueva definición de los puestos de trabajo de la Oficina Judicial. "Tiene que responder a parámetros de funcionalidad, de flexibilidad, movilidad...", detalló el consejero, quien precisó que tienen que ser parámetros "comunes" y no se generen disfunciones.

Asimismo, con el fin de conseguir un correcto despliegue de los Servicios Comunes Procesales y de las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) consideran "imprescindible" que se revisen las dotaciones establecidas para las UPAD y se "reduzcan" en beneficio de los servicios de carácter común.

Finalmente, en este capítulo las CCAA piden ser informadas y participar en todo aquello que incida en la modernización de la Justicia y en la elaboración de futuras leyes que afecten al ejercicio de sus competencias, singularmente en las de Registro Civil y Demarcación y Planta Judicial.

Justicia gratuita

La otra cuestión abordada en el encuentro de Pamplona fue la Justicia gratuita, un tema en el que mostraron su "firme compromiso" con el derecho de asistencia jurídica gratuita de todos los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. "Se trata de garantizar la igualdad en el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas que no tienen medios para acceder a la Justicia", expuso Caballero.

Según las once Comunidad Autónomas, debe acometerse la reforma de la ley 1/1996 de Justicia gratuita y recoger las propuestas formuladas por las CCAA en la reunión de Barcelona de 2009. "Además, debe expresarse inequívocamente que la justicia gratuita responde a un principio de solidaridad social", apuntó el consejero, quien opinó que deben revisarse algunos elementos que pueden generar disfunciones "como determinados automatismos que existen en estos momentos".

En el encuentro mantenido, las Comunidades recordaron que las últimas modificaciones legislativas en el ámbito penal y, en particular, la introducción de los 'juicios rápidos' han significado un incremento importante de la asistencia letrada gratuita. Constataron así la necesidad de racionalizar este procedimiento "a fin de que responda estrictamente al principio de solidaridad social inspirador del sistema".

En referencia a los fondos de depósitos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, destacaron la necesidad de que antes de la próxima Conferencia Sectorial el Ministerio de Justicia comunique a las CCAA "las previsiones de las cuantías a transferir, el calendario previsto y el procedimiento que va a emplearse".

El consejero navarro destacó la importancia de trasladar estos acuerdos al resto de instituciones por lo que solicitan la inmediata convocatoria de la Comisión conjunta de las CCAA con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Además, consideró "conveniente" la reunión de las once CCAA con el ministro de Justicia para abordar el contenido del acuerdo alcanzado.