CCOO exige información y participación en la implantación de la nueva oficina judicial en Málaga

La sección sindical de Justicia en CCOO de Málaga exigió hoy a la Consejería de Justicia y Administración Pública "información y participación" sobre el estudio de la implantación de la nueva oficina judicial de Málaga.

Según señalaron, a través de un comunicado, "la implantación de la misma se está llevando a cabo con absoluto sigilo y ocultando datos a CCOO, contando únicamente con la opinión de los operadores jurídicos —abogados y procuradores—".

Para CCOO es "absolutamente inaceptable el comportamiento de la Consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, en sus proyectos para la implantación de la nueva oficina judicial en la provincia malagueña".

"Es triste y lamentable que los representantes de los trabajadores nos tengamos que enterar por la prensa de que la Consejería de Justicia y Administración Pública ha elegido la ciudad de Almería como experiencia piloto para comenzar a implantar la nueva oficina judicial", manifestó la secretaria de la Sección Sindical de CCOO en Justicia, Carmen Cuenca.

En este sentido, señaló que "curiosamente, la inmensa mayoría de secretarios, jueces y abogados ya lo sabían" y lamentó que "solamente a requerimiento e iniciativa, en este caso, de CCOO nos dan información a cuenta gotas".

Aumento en 300 PERSONAS

La sección sindical de Justicia de CCOO de Málaga estimó que con la nueva oficina judicial "tendría que aumentarse el número de trabajadores en unas 300 personas". Aunque, "lamentablemente", expresó Cuenca, "lo que la Consejería está intentando hacer es cambiar la estructura pero sin crear plantilla nueva, sólo va a reordenar efectivos". Actualmente hay un total de 1.600 funcionarios de Justicia en Málaga.

"Hasta el momento, la única información que tenemos es que la Consejería de Justicia ya tiene elaborado y bastante avanzado un estudio en el que se aplicarán tres modelos distintos, en uno estarán las tres grandes capitales que serán Sevilla, Málaga y Granada, otro será aplicable a las capitales de provincia y grandes poblaciones y un tercer modelo en pequeñas poblaciones".

"Parece que la oficina judicial en Andalucía se quiere implantar con desprecio absoluto a lo público, de ahí que se haya contratado una empresa privada, y de espaldas al ciudadano y a los trabajadores que tendremos que soportar el peso de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial", resaltó la representante sindical.

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