El 96 por ciento del alumnado andaluz no ha cometido nunca una falta considerada como "gravemente perjudicial" en sus respectivos centros y el 82% de los estudiantes de la comunidad no ha cometido "ninguna clase de falta" a lo largo del pasado curso escolar, según se desprende del primer informe anual elaborado por el Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía y que ha sido presentado hoy por la consejera de Educación, Mar Moreno.

En rueda de prensa, la consejera destacó que los resultados de este análisis del Observatorio han sido "muy positivos" y constatan que "la conflictividad y las incidencias graves no son uno de los problemas que tiene el sistema educativo" en Andalucía, como sí lo son, en cambio, "el fracaso escolar o el abandono temprano de los estudios".

En este sentido, Moreno indicó que "hay una gran divergencia" entre la opinión y la imagen que tiene la sociedad acerca de los conflictos escolares y la "verdadera realidad", ya que como demuestra este informe, "la inmensa mayoría de los estudiantes andaluces no son conflictivos". Esto no significa, según quiso aclarar la consejera, que "enseñar sea una tarea fácil", admitió, "pero hay que distinguir entre la conflictividad y otras dificultades y retos que tiene planteado el sistema educativo andaluz", apuntó.

De hecho, del total de faltas de convivencia registradas por los centros andaluces —255.000 incidentes— durante el pasado curso escolar, la tasa de incidencia en relación con el alumnado que las realiza y el resto de alumnos de la comunidad es de un 17 por ciento, lo que significa, según explicó Moreno, "que en cada centro de enseñanza se producen sólo un total de 17 faltas de convivencia a lo largo de todo el curso".

Unas faltas que, según las consecuencias que tengan, pueden clasificarse en leves o graves. Entre las primeras, las más comunes son la perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase, las actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa, o la falta de colaboración en la realización de actividades.

De entre las graves, que son "mínimas", destacan sobre todo, la reiteración de faltas leves, impedir el normal desarrollo de las actividades del centro, las injurias y ofensas contra algún miembro de la comunidad educativa, y las agresiones físicas también a miembros de la comunidad educativa.

Respecto a las agresiones físicas, Moreno señaló que fueron un total de 4.919 partes por agresiones de carácter leve los que se registraron entre miembros de la comunidad educativa, lo que supone una tasa del 0,46 por ciento. Eso también significa "que el 99,5 por ciento del alumnado no ha participado en ninguna actividad violenta".

Dentro de este "reducido" porcentaje del 0,46 por ciento, no obstante, el 68 por ciento de las faltas se resuelven con apercibimientos por escrito o amonestaciones orales. Son ya las más graves en las que se opta por otro tipo de medidas correctoras, como son el cambio de grupo dentro del mismo centro escolar (0,6%) o el cambio de centro, medida ésta que afectó el curso pasado a un total de 86 alumnos en toda Andalucía.

Todos estos datos, según Moreno, hacen ver que "la inmensa mayoría del alumnado en Andalucía no incurre en faltas y que el número de conflictos es afortunadamente muy bajo". Pese a esta generalidad, la consejera señaló que, no obstante, es en la etapa de la adolescencia cuando "más conflictos se registran" y también "más en los chicos que en las chicas".82%

De centros con sistema de grabación

Gracias a las incidencias recogidas por el programa Séneca de convivencia, que ya tienen implantado el 82 por ciento de los centros educativos andaluces y cuyos datos son confidenciales, se ha conseguido realizar un muestreo "lo suficientemente amplio como para dar fiabilidad a los datos" y poder hacer, como reseñó la consejera, "extrapolaciones" al conjunto del sistema de enseñanza.

Esta nueva herramienta, además de "dimensionar" el problema de la conflictividad escolar y permitir analizarlo "en su medida", servirá a la Consejería de Educación para "dirigir muy bien" los recursos de la Administración y para "actuar con medidas concretas allí donde más se necesiten". Eso, según Moreno, será "un gran alivio" para las familias.