Según relata el Juzgado en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en las presentes actuaciones la acción penal se dirige contra una persona aforada "por la redacción y publicación de un comunicado cuyo contenido, considera el denunciante, atenta contra su honor y libertad", añadiendo que del contenido del texto "se desprenden frases y expresiones que exceden del 'animus informandi' y del ejercicio lícito del derecho a la crítica y deber de informar".

En este sentido, recuerda que, aunque la Constitución española "consagra el derecho a la libertad de expresión y de información, de forma que el ejercicio de ese derecho opera a veces como causa excluyente de la antijuridicidad, en el texto redactado por la denunciada existen frases y expresiones que pueden atentar contra el honor y la libertad del juez Serrano".

Así, relata que Inmaculada Montalbán indicó en su día que "las afirmaciones del magistrado carecen de rigor y fundamento alguno, denotan la falta de conocimiento de las estadísticas judiciales y de las características del maltrato a la mujer, además de la falta de sensibilidad ante un problema social de derechos humanos", así como que "lo más grave es que parece imputar ligereza y arbitrariedad a los jueces y magistrados que acordaron en su día detenciones u otras medidas cautelares a que se refiere el entrevistado".

"inmediata" remisión al supremo

Tras aseverar que la denunciada también afirmó que "en este camino en nada ayudan declaraciones carentes de rigor, sensibilidad y conocimiento de este problema social", el Juzgado argumenta que, por todo lo anterior, "no podemos excluir 'ab initio' la tipicidad de los hechos denunciados, que pueden ser constitutivos al menos de una falta del artículo 620.2 del Código Penal —los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve—", por lo que confirma la resolución impugnada por la Fiscalía, admitiéndose a trámite el recurso de apelación interpuesto con carácter subsidiario.

Así, el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla justifica que, con base al artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y teniendo en cuenta la condición de aforada de la persona contra la que se dirige y ejecuta la acción penal, "procede la inmediata remisión de las actuaciones" a la Sala del Tribunal Supremo", tal y como había determinado en un primer momento.

En declaraciones a Europa Press, el letrado que representa al juez Francisco Serrano, Joaquín Moeckel, mostró su satisfacción por la decisión adoptada por el juez instructor y dijo compartir los argumentos jurídicos plasmados en el auto, argumentando que se trata de presuntas injurias "en el ámbito privado" donde la Fiscalía "no tiene que entrar", al tiempo que recordó que la Fiscalía General del Estado "ya dijo que la Fiscalía no tiene por qué ser parte en denuncias entre particulares". ANTECEDENTES

La fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, María José Segarra, ya consideró que "no es procedente" remitir las actuaciones al Supremo bajo la premisa del aforamiento de Montalbán "al no existir relevancia penal alguna en los hechos denunciados", por lo que reclamó "el archivo directo de las actuaciones" por parte del Juzgado de Instrucción número 10.

En concreto, el juez Serrano había denunciado a Montalbán después de que ésta señalase públicamente que las advertencias del juez en cuanto a las denuncias falsas por violencia de género "carecen de rigor y fundamento alguno y denota falta de conocimiento de las estadísticas judiciales y de las características del maltrato a la mujer".

Ante estas críticas, el juez Francisco Serrano atribuyó a Montalbán una pretensión de "amedrentar" que sería, a su juicio, susceptible de enmarcarse dentro de un acto de "maltrato psicológico". "Me atacó y me amenazó con responsabilidades", aseveró el magistrado el día en el que formalizó estas denuncias.