A través de una nota de prensa UPyD asegura que "ante un hecho tan normal en otros países, como comprarse una vivienda, en el nuestro, lo aconsejable es que acudamos a semejante acto acompañado de abogado, notario y registrador de la propiedad, y aún así, no tendremos asegurado, que la principal inversión de nuestras vidas llegue a término sin sobresaltos".

UPyD se pregunta cómo es posible que las 549 familias "estén angustiadas y sufriendo las consecuencias, de los lucros de unos y las incompetencias de sus administraciones tanto autonómicas (PSOE) como municipal (PP)", ya que en el momento de la construcción el ayuntamiento estaba gobernado por el PP.

Recuerda en la nota que estas familias, "en su mayoría de clase media, invirtieron los ahorros de sus vidas en la compra de su vivienda" y ahora "ven cómo su principal inversión pende de un hilo, ante la posible ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, en la que ordena su derribo", recalca.

"¿Cómo es posible que un estado de derecho, no haya puesto los mecanismos correctores para no haber llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que tanto la Junta de Extremadura gobernada por el Partido Socialista, como el Ayuntamiento, gobernado por el PP, hayan permitido su construcción antes de tener perfectamente reordenado el terreno? ¿Cómo es posible que la justicia en su día no paralizase las obras?", se pregunta UPyD.

Además la nota recuerda que "el daño a la zona de especial protección ya está hecho y su derribo no haría sino acrecentarlo". "La especial protección ahora, no la necesitan las aves o el paisaje, la necesitan nuestros vecinos, esas 549 familias, a las que difícilmente se las podrá compensar del calvario por el que están pasando", asevera.

Por ello considera que "es hora de que los representantes políticos de los partidos mayoritarios, den la cara y aporten soluciones a estos ciudadanos". "Es hora también de asumir responsabilidades políticas por los partidos responsables que en su momento fueron tan incompetentes, y es hora de que la justicia investigue por si de esta actuación se comprobara que ha existido un delito contra la ordenación del territorio", concluye.