La Diputación de Córdoba, según el acuerdo adoptado hoy por el Pleno de la institución provincial, con el voto a favor del gobierno socialista y la abstención de la oposición (IU y PP), se ha dotado de un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, habiendo previsto también elaborar un plan director para su desarrollo.

A este respecto, el portavoz del gobierno del PSOE en la Diputación, Antonio Ruiz, explicó que el nuevo reglamento se hacía necesario, ya que el anterior entró en vigor en 1996. En su momento, según Ruiz, "fue pionero y ha dado grandes resultados", pues ha supuesto la creación del Departamento de Consumo y Participación Ciudadana, del Consejo Provincial de Participación Ciudadano, de la figura del Defensor de la Ciudadanía, de la Cátedra de Participación Ciudadana, en este caso en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO), y del Observatorio de Participación Ciudadana.

Ahora, "con un balance positivo, es necesario dar un paso más", por ejemplo, para permitir la incorporación, al Consejo Provincial de Participación Ciudadana y "a otros órganos de toma de decisiones en la Diputación", de los consejos locales de participación ciudadana creados posteriormente por diversos ayuntamientos de la provincia.

Ruiz aclaró que el nuevo reglamento es fruto del "consenso" entre las asociaciones de la provincia representadas en el Consejo Provincial de Participación Ciudadana y el Defensor de la Ciudadanía, reaccionando así a la crítica que hizo la portavoz de IU en la Diputación, Elena Cortés, "a la forma, poco participada, en la que se ha elaborado" el nuevo texto, cuyo contenido consideró positivo en líneas generales, aunque mejorable en su desarrollo, algo que, según acordó también hoy el Pleno, se hará mediante la elaboración de un plan director del reglamento.

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, Luis Martín, criticó que el nuevo reglamento implique "reconocer" el carácter representativo del movimiento asociativo de la provincia "a un Consejo Provincial de Participación Ciudadana que no justifica las subvenciones que recibe y que ha malgastado 1.500 euros mensuales en el alquiler de un piso que no ha servido para nada".CAMINOS

Al margen de ello, el Pleno también aprobó hoy, por unanimidad, un plan especial para el arreglo de los caminos rurales más dañados por las últimas lluvias en la provincia, dotado con más de 1,6 millones de euros y que es fruto del acuerdo previo entre el gobierno socialista de la institución provincial y las organizaciones profesionales agrarias (OPA) Asaja, COAG y UPA.

A este respecto, el portavoz del PSOE, Antonio Ramírez, ya explicó que el plan "busca que todos los caminos sean practicables y que agricultores y ganaderos puedan realizar su trabajo". Se trata de actuar "con rapidez y eficacia", para solventar los problemas ocasionados por las lluvias en los caminos de toda la provincia y que podrían afectar a la recolección de la aceituna y de la naranja.

El plan, que complementa las ayudas para caminos de la Consejería de Agricultura y el Plan de Caminos de la Diputación, supondrá la transferencia a los ayuntamientos de cantidades que oscilarán entre los 6.000 y los 40.000 euros, "en función de criterios de población, de superficie del término y de dispersión", con objeto de que sean éstos los que determinen a qué caminos se destinan.

Ramírez pidió a los ayuntamientos que "cuenten también con las organizaciones agrarias, para que sean cómplices de cómo se va a dedicar este dinero a los caminos". Del mismo modo, insistió en que la colaboración de la Diputación con UPA, COAG y Asaja nace con la intención de crear un diálogo permanente, ya que, según destacó, "hay problemas de fondo que tenemos que afrontar".