El portavoz municipal del PP, Silvestre Castell, informó a Europa Press de que la moción prosperó en la votación al contar con el respaldo de todos los ediles de la oposición, que superan a los miembros del Gobierno municipal al quedar éste en minoría tras la transformación de uno de sus concejales en edil no adscrito.

Así, aunque los seis miembros del Gobierno municipal de lidera Juan Garrido (IU-CA) votaron en contra, los votos favorables de los cinco ediles del PSOE, el del PP y el concejal no adscrito propiciaron la aprobación de la moción, defendida de forma conjunta por todos los grupos de oposición. Tal moción, que sin embargo "no es vinculante", reclama la dimisión o cese de María Inmaculada Cordero por la mencionada sentencia y que ella o el propio alcalde costeen personalmente la indemnización de 11.970 euros que implica el fallo.

La sentencia

El fallo del juzgado de lo Social número ocho, recogido por Europa Press, rememora que esta psicóloga y una educadora social, igualmente, elevaron una demanda ante el Juzgado de lo Social número diez por la rebaja de su jornada laboral de 35 a 26,15 horas con la consiguiente reducción de sus salarios, toda vez que se trataba de "las únicas trabajadoras" afectadas por este recorte de jornada laboral aplicado por el Consistorio, finalmente condenado en octubre de 2009 por sentencia firme a reponer las condiciones laborales de las demandantes.

En paralelo, recoge la sentencia del Juzgado de lo Social número ocho que desde la incorporación de María Inmaculada Cordero Pérez a sus responsabilidades de gobierno tras las elecciones municipales de 2007, ha emitido "juicios de valor negativos" sobre el trabajo de la psicóloga, además de "sustraerle tareas que le eran propias" y de dejar de convocar "reuniones a las que era precisa su asistencia". Este extremo, según los hechos probados, era conocido por el alcalde, quien no impulsó "medida alguna para evitar" la "merma de la calidad laboral" de la trabajadora y el "perjuicio para la salud" que sufría.

De hecho, el 9 de marzo de 2009 la psicóloga causó baja por contingencias comunes, —situación que hoy día mantiene—, al sufrir "llanto incontenido, trastornos de concentración, taquicardias, elevada ansiedad y autoestima muy baja". Dado el caso, le fue diagnosticado un trastorno adaptativo mixto con síntomas ansioso y depresivos siendo el causante del mismo "el componente laboral".

Condena e indemnización

Tras el juicio, el Juzgado de lo Social número ocho declara "vulnerado" el derecho de esta trabajadora a la integridad física y moral y condena al Ayuntamiento y a la concejal María Inmaculada Cordero Pérez (IU-CA) a cesar la "actitud acosante" sobre la demandante, a la que tendrán que indemnizar con 11.970 euros.