El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), informó a Europa Press de que el inicio de la sesión del consejo de administración está fijado para las 12,00 horas, según la información recabada de la propia dirección de la sociedad mixta. Justo antes de la celebración de la sesión, según anunció la propia directiva que encarna Jordi Maymó, será remitido a la juez Mercedes Alaya el documento que contiene la auditoría externa realizada por la consultora 'Deloitte'.
La juez, en ese sentido, investiga tanto el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, como las irregularidades del concurso público mediante el que Mercasevilla adjudicó a Sanma —filial del grupo Sando— los derechos de opción de compra de los suelos del antiguo mercado central pese a que el grupo Noga concurría con una oferta superior.
Así, en esta sesión, la directiva que encabeza Jordi Maymó, quien abandonaría el cargo en los próximos días, presentará al consejo de administración "unos estados financieros intermedios que reflejen la realidad patrimonial de la sociedad y que incorporen a las cuentas del ejercicio 2008 los ajustes y correcciones de errores que se hayan detectado".
Los avances de la auditoría
La auditoría, según explicó en su momento el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense y vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), ya revelaba en sus primeros avances que las cuentas fueron "presuntamente maquilladas", especialmente en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, para "dar una imagen positiva" del funcionamiento económico y financiero de esta empresa.
"Algunos ingresos plurianuales se vinculan a un sólo ejercicio", explicaba en noviembre tras un consejo de administración el vicepresidente de Mercasevilla, quien opinó que las cuentas de esta empresa fueron sometidas a "ingeniería contable" para "maquillar" sus resultados.
El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento hispalense y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, había señalado de su lado que los aspectos revelados por la auditoría, aún no conclusa entonces, podrían ser constitutivos de delito societario debido a la "manipulación" de la contabilidad en lo que a los gastos e ingresos se refiere, "especialmente" en lo que concierne a los ejercicios 2007 y 2008.
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