Más de 60 entidades sociales y ayuntamientos de Galicia impulsaron la Plataforma en Defensa del Sistema Público Galego de Servicios Sociais, con el objetivo de "impedir la puesta en marcha de actuaciones" por parte del Ejecutivo gallego dirigidas a la "privatización y mercantilización" de los servicios sociales, además de la puesta en marcha de actuaciones dirigidas a "fortalecer" el actual sistema.

En rueda de prensa, uno de los portavoces de la iniciativa y del Foro Galego da Inmigración —que se integra en este movimiento asociativo—, Miguel Fernández, aclaró que "no se trata de una plataforma en contra de nadie", sino en defensa "de los servicios sociales públicos" tras detectar que el proceso de puesta en marcha del sistema por parte de la Xunta "está prácticamente parado".

En esta línea, constató que "se está incumpliendo" la Ley de Servicios Sociales de Galicia, que reconoce dicho sistema como "el cuarto pilar del bienestar junto con la educación, la sanidad y la seguridad social", a raíz de la "privatización de la gestión" de los centros de día.

De este modo, tras explicar que la propia ley "recoge la posibilidad de asignar ciertos servicios" a empresas privadas, advirtió de que "es diferente" si se trata del servicio de lavandería de un centro a si se estudia "privatizar su gestión".

Entre otros problemas que detectaron respecto al desarrollo de la Lei 13/2008 del 3 de diciembre, Fernández mencionó el "incumplimiento" del Catálogo de servicios sociales —todavía sin aprobar—; el despido de unos 60 trabajadores de las Oficinas I+B del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar; además de la existencia de diferentes centros de día en las zonas de población más envejecida "que no se pusieron en marcha".

Medidas "urgentes"

Asimismo, la plataforma elaboró un decálogo de medidas "urgentes" a llevar a cabo para implementar en el Sistema Galego de Servizos Sociais, como la implantación generalizada de la Tarxeta Social Galega —acredita el derecho de acceso al servicio; el Expediente social básico único o del Mapa Galego de Servizos sociais.

Por otra parte, las entidades pidieron la aprobación del Catálogo de servicios sociales antes del 18 de marzo; la dotación de medios a la Axencia Galega de Servizos Sociais; la revisión urgente de la renta de integración social en Galicia; además de determinar los equipos, personal y medios técnicos interdisciplinares en cada nivel de la estructura básica de los servicios.

Finalmente, destacaron la necesidad de consolidar y ampliar la red de Oficinas I+B del Consorcio Galego, para "garantizar una eficaz cobertura de las necesidades"; de la gestión pública de centros de atención gerontológica —en particular los Centros de Día—; de los programas de proximidad —Xantar na Casa; Transporte Adaptado 065; además de la constitución "inmediata" de Consello Galego de Benestar Social, la Mesa Galega de Servizos Sociais y de la Comisión Interdepartamental de Servizos Sociais e Inclusión Social —como viene recogido en la propia legislación—.MANIFESTACIÓN

Las más de 60 entidades sociales y ayuntamientos de Galicia que se integran en la Plataforma en Defensa del Sistema Público Galego de Servicios Sociais confirmaron, además, su participación en la manifestación convocada por los trabajadores del Consorcio que tendrá lugar en Santiago durante este sábado —11.30 horas, desde la Praza do Toural hacia la Xunta—.

Entre las entidades que forman parte de dicha plataforma, se encuentran el Foro Galego da Inmigración; la Fundación Érguete-Integración; Alcer; Plataforma polo Emprego; Plans Comunitarios de Vite y Teis; el BNG; el Colegio Oficial de Psicología de Galicia; o los municipios de Vigo, Vilagarcía, A Bola, Mondoñedo, O Carballiño, Monforte, Boiro; además de asociaciones de vecinos.