El presidente del Gremio de Empresarios de Cines de Catalunya, Camilo Tarrazón, ha anunciado este martes  que los 74 cines agremiados (suman 525 de las 795 pantallas que hay en Catalunya) cerrarán el 1 de febrero para "escenificar" qué pasará si la Ley del cine catalán entra en vigor. Según esta ley, el 50% de los largometrajes deberán estar en catalán.

Ese mismo día la Academia del Cine Catalán entregará los Premios Gaudí, pero Tarrazón ha clarificado que su medida no boicotea la gala de la industria catalana, sino que es "la mejor manera de ayudarla y de que los premios no pasen a la historia". Bajo el lema Por el futuro de los cines, catalán y trabajo sí; cuotas y paro, no, el gremio insta al resto de cines de Catalunya a secundar esta protesta.

Las "consecuencias nefastas" de la ley se han explicado en Barcelona en base a un estudio económico-financiero sobre el sector con datos de 2001 a 2008 recabados por el economista Josep Maria Gay. Si en 2009 se recaudaron 130 millones de euros y se alcanzó una cifra de espectadores de 20 millones, la implantación de la ley hace preveer, en el peor de los casos, un mercado catalán sólo con cuatro millones de espectadores sin libertad más que para ver películas comunitarias.

El texto de ley que ya ha llegado al Parlament y que se tramitará por vía de urgencia estipula que las películas europeas con 15 o menos copias serán las únicas que estarán exentas de incluir el catalán en el doblaje o la subtitulación. Las americanas, por ejemplo, con menos de 15 copias sí deberán distribuir la mitad de las copias en catalán. La norma ya no es general.

"Es una distorsión del consumo cultural en el territorio, y los pequeños cines tendrán que cerrar. Salas cerradas significa más paro", indica Tarrazón, cuyo objetivo es cambiar "radicalmente" la ley para que no haya sanciones ni imposiciones. Mapa de los sonidos de Tokyo, Ágora y Planet 51 son películas que hubiesen estado en una situación atípica, pese a ser de producción española y catalana, por estar rodadas en inglés, por lo que tendrían que haber acatado las imposiciones lingüísticas de la ley.