El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha resaltado la "importante carga adicional de trabajo" para los Juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet. Así lo ha puesto de manifiesto en su informe al anteproyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.
El pasado 8 de enero, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, explicó el "sistema mixto" elegido por el Ejecutivo para atajar el problema de las descargas que vulneren los derechos de autor en Internet.
Así, cuando un titular de derechos de autor considere que su obra está siendo explotada y distribuida por una página web sin licencia podrá presentar una denuncia a la Sección Segunda, que se creará a tal efecto, de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), quien analizará el caso y determinará si la web está vulnerando los derechos de propiedad intelectual. Posteriormente, un juez de la Audiencia Nacional de lo Contencioso-administrativo decidirá antes de cuatro días si dicha comisión está vulnerando algún derecho fundamental del usuario al proceder de esta manera.
Las consideraciones generales del informe del CGPJ sobre esta cuestión avalan el modelo del Gobierno, aunque precisan que en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo "no se valora de forma específica el efecto que puede derivarse de la concentración en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de la nueva competencia atribuida".
Estima así que esto "puede traducirse en una importante carga adicional de trabajo, lo que acaso pudiera derivar en la necesidad de ampliar la planta de esos Juzgados o en establecer ciertas medidas de refuerzo".
Por ello, ve necesario que la Memoria aborde un "análisis de tipo cuantitativo que tenga en cuenta el impacto de las reformas propuestas en términos de empleo, actividad y precios". "Cuando menos podría hacerse alguna referencia al número de procedimientos administrativos anuales que se calcula que podría tener que instruir y resolver la Comisión de Propiedad Intelectual en esta materia para establecer cuántas intervenciones podrían ser necesarias por parte de los Juzgados de los Contencioso-administrativo.
El CGPJ califica de "oportuno" que los órganos elegidos para autorizar la ejecución material de las resoluciones adoptadas por la futura Sección Segunda CPI sean, concretamente, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, "puesto que su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional".
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