Fuentes judiciales precisaron a Europa Press que fue el pasado viernes día 22 de enero cuando Juana Gálvez se incorporó a este juzgado, ubicado en el edificio Noga de la capital hispalense, en virtud del traslado que solicitó al juzgado y al que recala procedente del Penal 1 sevillano, todo ello una vez que cumplió recientemente los seis meses de sanción, tras lo que ha disfrutado de un permiso antes de incorporarse a su nuevo destino.

El pasado 27 de mayo de 2009, el abogado de Juana Gálvez recurrió la sanción de dos años ante el Juzgado Central de lo Contencioso número 3 de la Audiencia Nacional. El letrado, Ramón Entrena, apeló entonces a la incompetencia del secretario de Estado para dictar esta suspensión, cometido que debería haber realizado el propio ministro —entonces Mariano Fernández Bermejo— de acuerdo a la distribución de competencias.

El fallo determinó que el acto administrativo recurrido tenía que ser parcialmente revocado en cuanto a la duración de la sanción impuesta por infracción del principio de proporcionalidad, debiendo ser mantenido en lo concerniente a la descripción de los hechos, la tipificación de la conducta sancionada, y en cuanto a la aplicación de la circunstancia agravante del perjuicio causado, tanto a terceros como a la Administración de Justicia.

El otro afectado por las consecuencias del caso Mari Luz fue el juez Rafael Tirado, otrora titular del Juzgado de lo Penal 1 y sancionado con una multa de 1.500 euros por una falta grave al no ejecutar la sentencia contra Del Valle, tras lo cual solicitó el traslado a la jurisdicción contencioso-administrativa.