El Gobierno valenciano aprobó hoy el proyecto de ley de Régimen Local, para su posterior remisión a las Corts y tramitación parlamentaria, que obligará a los regidores a hacer públicos sus bienes con el objeto de "aumentar" y "mejorar" la transparencia en el funcionamiento de las corporaciones locales.

Así lo avanzó hoy el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, en una rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde destacó, en varias ocasiones, que esta ley cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos representados en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y que responde a la realidad municipal valenciana donde existen 542 municipios, de los cuales, 234 tienen menos de 1.000 habitantes; 161 entre 1.000 y 5.000, y sólo ocho superan los 75.000.

Entre las novedades que introduce este texto normativo, Blasco citó, en primer lugar, que los regidores tendrán que declarar sus bienes con carácter público, para que "los conozcan los vecinos"; así mismo, indicó que las localidades tendrán que someterse a la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas "para que puedan acceder a ayudas de cualquier tipo".

Junto a ello, el texto —con 11 títulos y 302 artículos— reforzará las competencias de los ayuntamiento para que se pueda mejorar la prestación de un servicio respecto a la proximidad de los vecinos; y se creará, por primera vez, el Fondo de Cooperación Municipal.

Respecto a este fondo, Blasco, quien insistió en que se intentará fijar en las Corts "la cantidad necesaria de dinero para que el municipalismo se sienta satisfecho", concretó que el criterio poblacional será "determinante" para determinarlo, algo que después "se podrá corregir con algún otro elemento", matizó.

En este punto, afirmó que la dotación económica de este fondo se establecerá "de común acuerdo" con las fuerzas políticas, "y se hará en el desarrollo de la ley, de la manera más rápida posible". Así, matizó que no se ha fijado una cantidad porque también "el Gobierno central ha incumplido su compromiso de hacer un fondo municipal, tal y como llevaba en su programa".

Además de este fondo, el texto regula todos los supuestos del concejal no adscrito —incluyendo, a diferencia de la normativa estatal, el de la expulsión del Grupo Municipal—. Así, los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el Reglamento Orgánico de cada corporación.

Junto a ello, la ley contempla otras iniciativas para incrementar el nivel de participación en la gestión de asuntos públicos, con la creación del Defensor del Vecino; la configuración de consejos que facilitarán la interacción entre las corporaciones y la participación de ciudadanos en la gestión de los asuntos; y la puesta en marcha de mecanismos para agrupar entes locales.

Con todo, Blasco mostró su deseo de que en su tramitación parlamentaria, el texto logre el máximo nivel de consenso y acogida "entre los distintos grupos políticos", igual que la tuvo en su fase inicial, de elaboración.

Deuda histórica

Preguntado por las críticas del PSPV, respecto a que el Consell tiene una deuda histórica de 300 millones de euros con los ayuntamientos, respondió que "es fuerte que este partido se preocupe por la deuda de la Generalitat hacia los municipios ante un gobierno socialista que está colocándonos a la cola de financiación autonómica, lo que representa un agravio insostenible", lamentó.