Sin embargo, estas palabras no tranquilizan a los vecinos de Jun, que ayer se concentraron durante la tarde ante las puertas del Ayuntamiento. Los manifestantes, unos mil, consideran que «no está haciendo nada por resolver la situación». «Somos un pueblo tranquilo, y unos desalmados nos echan de nuestras casas», gritaban los afectados, que acudieron a la concentración, realizada a través de una cadena de mensajes SMS.

Por la mañana, 50 miembros de la Guardia Civil se desplazaron a las viviendas para identificar a sus ocupantes y citarlos para que declaren hoy ante el juez y justifiquen, con la documentación necesaria, su residencia en estos pisos.

El despliegue de las fuerzas de seguridad se debe a un auto dictado por el juzgado número 8 de Granada a raíz de las denuncias formuladas por varios vecinos obligados a abandonar sus casas.

Los pisos ocupados, viviendas de protección oficial, forman parte de tres bloques (47 pisos) que, salvo tres, pertenecen a una promotora encargada de alquilarlas. El grupo de okupas justifican su acción alegando que ellos fueron anteriormente desalojados de sus viviendas por un grupo de rumanos.

«Estamos dispuestos a pagar»

Algunas de las personas que han ocupado las casas de forma  ilegal afirman haberlo hecho sin violencia. Aseguran que lo hacen «por necesidad», que sólo se han instalado en los pisos vacíos y que se han ido de Cartuja por las «mafias rusas». «Queremos pagar el alquiler para quedarnos», dice Josefa M., que desde hace 17 días vive en Jun junto a sus tres hijos. Todos los okupas están identificados y sus movimientos controlados por la Guardia Civil. El alcalde de Jun dijo que la persona que amenazó con pegarle «dos tiros si le cortaba el agua» era un varón de unos 40 años. Varios inquilinos han denunciado los hechos.