Así lo manifestó el sindicato en la reunión que mantuvo en Las Palmas de Gran Canaria con el portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Parlamento de Canarias, José Miguel Barragán, según informó la IGC en nota de prensa.

Para el sindicato de la Benemérita, la Policía Canaria "no será una amenaza para el mantenimiento de las competencias de Seguridad Ciudadana, Tráfico y las demás que tiene encomendada la Guardia Civil, pues surge ante la necesidad de existencia, de un Cuerpo intermedio entre las Policías Locales y las del Estado, dada la vertebración de España en comunidades autónomas, por lo que no puede impedirse de acuerdo con la Constitución, que las Autonomías puedan tener una policía administrativa que observe y denuncie el incumplimiento de las competencias transferidas".

Asimismo, el cuerpo autonómico "debe asumir las competencias que derivan de la ley del menor, u otras, en cuanto a la seguridad y tutela de los menores, por lo que la vigilancia permanente en los centros escolares, para evitar el tráfico de drogas, y perseguirlo entre los estudiantes, es sin duda muy beneficiosa, por el especial seguimiento, y la necesaria continuidad de la vigilancia policial, que para su eficacia, ello requiere".

No obstante, la IGC esperó que "la inversión en esta nueva policía no redunde en falta de inversión presupuestaria para la Guardia Civil", algo que el nacionalista respondió recordando que "el Gobierno canario ha invertido, al igual que los municipios, en la mejora y la construcción de nuevas dependencias para el Cuerpo, y en la financiación de patrulleras para la Guardia Civil del Mar".

En este sentido, los agentes solicitaron a CC que "utilice sus posibilidades parlamentarias para reivindicar la subida salarial que el Gobierno socialista prometió a los guardias civiles, y que no ha cumplido".

"La propuesta socialista de equiparación salarial con las policías autónomas, se hizo, para conseguir los votos de los funcionarios de la seguridad del Estado, y de sus familias, ayudándose de las asociaciones de guardias civiles y sindicatos de policía que le son afines, con el ánimo de seguir engañando a los agentes, y a cambio también, de negociar el archivo de expedientes disciplinarios, que abren para luego archivarlos, una vez conseguidos los propósitos propagandísticos, y la congelación salarial", explicó el sindicato.

Excedente de guardias civiles en canarias

Por otro lado Independientes de la Guardia Civil (IGC) informó también al portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, que en la actualidad hay un mayor número de guardias civiles canarios, que plazas se ofertan en Canarias para estos funcionarios.

De esta manera, señaló que "si la población de la Comunidad con respecto al total del Estado supone el 4,5 por ciento, la aportación de canarios a la Guardia Civil es de más del 10 por ciento del total nacional. Esto hace que haya un excedente de guardias civiles canarios repartidos por distintas provincias españolas, que puede cifrarse en torno a 400 agentes".

"De hecho sólo se ha ofertado una plaza en Gran Canaria para los guardias civiles de toda España, que acaban de ser nombrados profesionales, tras acabar el proceso de formación como alumnos", reiteró la asociación.

Denuncias por ayudar a un empresario

La IGC aseguró que ha recibido varias quejas por parte de agentes de tráfico de Guía (Gran Canaria), por la intervención del sargento jefe del Destacamento de Tráfico, que el pasado día 15 de enero, estuvo dando agua y haciendo pasar el tiempo, al dueño de un restaurante de Agaete, -en evidente estado de embriaguez-, cuando fue detenido por un presunto delito contra la seguridad vial, por una patrulla camuflada de servicio Fiscal de la Guardia Civil, entre las localidades de Gáldar y Agaete, cuando circulaba por la GC-2.

La supuesta pretensión del Jefe de Destacamento de Tráfico de Guía, según los denunciantes, era, "que bajaran los niveles de alcohol para que el hecho se considerara una infracción administrativa y no un delito".

De esta manera, los agentes criticaron esa actuación de su jefe, "porque podía quebrantar la objetividad que debe presidir cualquier actuación profesional de la Guardia Civil, sin dar trato de favor a nadie".

"A pesar del agua bebida, y el tiempo transcurrido hasta la definitiva prueba de alcoholemia realizada al empresario, éste, no ha podido evitar una sentencia condenatoria dictada tras un juicio rápido", reiteró el sindicato de la Guardia Civil.