De esta manera, el juez puso en relieve las "múltiples irregularidades urbanísticas" que no fueron contempladas en el Código Penal de 1995 y que, por lo tanto, "han quedado absolutamente impunes durante todos estos años, generando las consecuencias que todo el mundo conoce y que ve a diario en la prensa".

Sobre al artículo 320.1 del Código Penal, respecto a los informes favorables que emiten los técnicos y que se hacen a sabiendas de su injusticia en el orden del reglamento jurídico, comentó que se ha llegado a la conclusión de que es "insuficiente" porque no recoge el 70 por ciento de las irregularidades en materia urbanística. "Con lo cual —añadió— nos encontramos como nos encontramos en la actualidad".

El artículo mencionado castiga las conductas de los informes hechos por los técnicos jurídicos de los ayuntamientos respecto a las licencias de obras que se hagan. Este precepto castiga al técnico, ya sea jurídico o arquitecto, que informe favorablemente un proyecto de obra que no se acomode a las leyes urbanísticas.

Cuestionado sobre las principales irregularidades que se dan en Canarias, Sotoca hizo especial hincapié en que se dan "todas". "En el planeamiento, en la concesión de licencias, en medioambiente... en todo a lo largo y ancho de todas las tramas urbanísticas en los municipios canarios. Muchos de ellos tienen investigaciones abiertas relacionadas con el cohecho o con la prevaricación, entre otras", comentó.

En este sentido, Canarias se ha situado como la tercera comunidad de España donde más casos de corrupción tienen lugar; mientras que en materia de prevaricación, las islas se colocaron como la segunda región donde más casos se dan.