El Sindicato Independiente (SI) presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que otorgara nulidad a los comicios, por considerar que existía un acuerdo "clandestino" entre la Conselleria de Sanitat y UGT, CSI·F, Cemsatse y CCOO, por el que les adjudicaba "liberados sindicales y medios —en exclusiva— para preparar las elecciones con cuatro meses de antelación", demanda que desestimó el TSJCV el 14 de marzo de 2008. No obstante, el TS revocó la sentencia dictada por el TSJCV a tal efecto y declaró nulos los comicios celebrados en 2006.

Al respecto, desde CCOO señalaron que, junto a Cemsatse, CSI-CSIF y UGT, solicitaron la nulidad de esa sentencia del TS por "indefensión" durante el proceso, ya que, en su opinión, "su derecho a participar en el primer proceso judicial había sido vulnerado, pues en ningún momento estas organizaciones recibieron notificación alguna para participar en él, lo que conllevaba indefensión", recalcaron.

Así, la intención del recurso presentado por los cuatro sindicatos era "conseguir que los efectos del fallo judicial se paralizasen y que el proceso se retrotrajera hasta el momento en el que las organizaciones sindicales recurrentes debieron ser citadas como parte interesada".

Desde CCOO celebraron que "han conseguido que se suspenda la anulación de las elecciones" y destacaron que supone "una satisfacción generalizada entre los implicados, que consideran que el acuerdo con Sanitat contiene los suficientes elementos de proporcionalidad en el trato hacia las organizaciones que concurrieron en las elecciones".

Además, valoraron que a partir de ahora, "contarán con la posibilidad de participar en el proceso judicial, antes denegada".

Los responsables de estos sindicatos sostienen que "el proceso electoral es propiedad de los trabajadores y trabajadoras, por lo que la Conselleria de Sanitat actúa, en este caso, como empresario", y tiene la "obligación" de "facilitar las herramientas necesarias para que las mesas electorales puedan desarrollar el proceso electoral según prevé la legislación vigente".

"En cambio —prosiguieron—, los sindicatos promotores de las EESS tienen una doble tarea: por un lado, deben asesorar a las mesas, fiscalizar sus actuaciones y controlar que se cumpla la ley durante todo el proceso electoral; y, por otro lado, la posibilidad de concurrir en las citadas EESS presentando sus candidaturas como hace el resto de organizaciones sindicales".

Por último, criticaron que el Sindicato Independiente "ha estado utilizando la sentencia que anulaba el proceso para desacreditar públicamente a las organizaciones firmantes del acuerdo" y avanzaron que estudiarán "llevar a cabo las medidas legales oportunas para restituir los daños de imagen y el desprestigio causado".