"En general existe una gran labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y parece que ahora se da una respuesta más contundente a hechos que anteriormente no se conocían o no saltaban a nivel mediático. No creo que Canarias sea una excepción sino que está en consonancia con toda esta delincuencia que afecta al territorio nacional", subrayó en declaraciones a los medios antes de la inauguración de la I Jornada de Delincuencia Medioambiental de Canarias.

Asimismo, Ródenas indicó que "2006, 2007 y 2008 está en consonancia" a nivel nacional en lo que respecta al número de delitos de carácter medioambiental que se han cometido. En este sentido, aportó algunos datos en relación a la provincia de Las Palmas en 2008 donde, dijo, que la última memoria de la Fiscalía recoge que se recibieron "70 denuncias y el 60 por ciento fueron por delitos contra la ordenación del territorio, las construcciones en suelo protegido o edificación en suelo no urbanizable".

Agregó que en ese mismo año, un porcentaje "alto" fueron "delitos de prevaricación urbanística, es decir, aquellas autoridades o funcionarios que a sabiendas de que es injusta con la normativa urbanística conceden licencias de urbanización, sería otro gran núcleo" del que se encarga la sección de medioambiente.

También se ocupa dicha sección de juzgar los delitos de contaminación acústica o de protección de emisión de vertidos. Agregó que en la memoria que se está elaborando al respecto en la Fiscalía sobre 2009, esta "va en consonancia" con la de 2008. Ródenas indicó que el pasado año hubo aproximadamente unas 61 denuncias en este campo y los porcentajes son "muy similares" a los de 2008 en cuanto a delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y delitos de contaminación acústica cometidos.

De todos modos, puntualizó que Canarias, al tener territorios insulares, "cualquier hecho delictivo que afecta al medioambiente se va a notar mucho más" que en otras zonas, ya que "aquí el suelo es el que es" y existe una "gran presión del territorio, una gran presión de recurso hídrico, de agua y de costa, y cualquier fenómeno delictivo que atente contra el medioambiente, en Canarias se nota porque es un territorio insular".

Sin embargo, Ródenas incidió en que en el archipiélago "hay la misma" delincuencia medioambiental que "puede haber en Cádiz, en Málaga, en Almería, en cualquier otro municipio de la costa".

Delito contra ordenación del territorio,

El principal

En cuanto al delito medioambiental que más se comete, señaló que es el de ordenación del territorio, con penas de hasta dos años de prisión, y que son los que protegen la ordenación legal del territorio.

Ródenas explicó que en estos casos lo que se sancionan son las construcciones que infringen dicha normativa urbanística, tales como construir en un espacio protegido o en un suelo no urbanizable, "ese sería el principal delito contra el medioambiente".

A este delito, le seguiría el de contaminación acústica, contaminación atmosférica o de vertidos, son los conocidos como delitos de comportamiento antiecológico, ya que "lo que ponen en peligro es el desarrollo adecuado del medioambiente".

Medioambiente también vigila la corrupción urbanística y es aquí donde se hablará del delito de cohecho urbanístico.

Respecto a si la justicia está trabajando en reformas entorno a estos delitos, el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas indicó que "se está barajando" llevar a cabo modificaciones centradas en incrementar, "por ejemplo, las protecciones en espacio natural protegido, se quiere aumentar la pena y pedir hasta 4 años de prisión".

Por otro lado, en relación con las jornadas que se desarrollarán en Las Palmas de Gran Canaria hasta mañana viernes, 22 de enero, indicó que con ellas se pretende "acercar este fenómeno tan complejo como es la delincuencia medioambiental y analizarlo desde distintos puntos de vista, no sólo a nivel de fiscalía sino a nivel de judicatura, a nivel de abogado experto en derecho penal y medioambiental y también a tener la visión de los expertos".

Así, apuntó que se pretende que se tome "conciencia, sobre todo, de que la ciudad no es lugar de enriquecerse sino una forma para vivir", además de que el derecho al medioambiente "hay que conservarlo", para lo que cada uno tiene que poner un "pequeño grano de arena para que no se desborde".

Las jornadas se dividen en cuatro módulos en los que se estudiará el derecho medioambiental, la corrupción urbanística, los delitos contra la ordenación del territorio, para finalizar con la diferencia entre lícito penal y lícito administrativo.