A preguntas de los periodistas sobre este asunto, la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), explicó que los dueños del inmueble han solicitado licencia para realizar una serie de obras de gran envergadura y arreglar "definitivamente" el bloque de viviendas.

Esto ha derivado en la orden de desalojo cautelar dictada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, aunque, según insistió Nieto, "nunca ha existido una declaración de ruina porque los moradores han cumplido los diferentes requerimientos poco a poco".

Nieto recordó que las casas antiguas, como sucede en este caso, requieren actuaciones puntuales y lamentó que éste y otros propietarios con casas catalogadas en el Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad, no sean lo suficientemente responsables para hacerse cargo de este asunto.

"El propietario tiene que arreglar la casa y si no puede por motivos económicos que la venda, pero no se pueden mantener los inmuebles de esta manera, porque el abandono del Albaicín es culpa de cada uno de ellos", señaló Nieto, quien recordó que las inversiones públicas en el barrio "no sirven de nada" si no van acompañadas de actuaciones en las propiedades privadas.

Quieren volver

Por su parte, los ocupas han solicitado al juez que instruye el caso que les deje regresar a las viviendas hasta que haya una pronunciamiento firme sobre este conflicto, que comenzó hace seis años, cuando dos inmobiliarias adquirieron este edificio habitado por inquilinos en régimen de alquiler para "derribarlo y sacarle rendimiento".

Los afectados explicaron a los periodistas que hoy estaban citados a declarar ante el juez pero finalmente lo harán el próximo 29 de enero, aunque han aprovechado la ocasión para concentrarse a las puertas de los Juzgados de La Caleta en contra de este proceso.

Sus abogados han solicitado que se retire la medida cautelar del desalojo —ya que, como ha confirmado el Ayuntamiento de la capital, la casa no está en ruina— y les deje regresar a las viviendas "hasta que se celebre el juicio" o, al menos, "acercarse a recoger sus efectos personales".

En la Casa del Aire continúan viviendo dos personas mayores, Clara Martínez y Manuel Prieto, que aseguran tener un contrato de alquiler vigente con una de las inmobiliarias que ha promovido el desalojo.

Ambos se niegan a abandonar sus casas, de las que ya no tienen llaves, de modo que cuando quieren acceder a ellas deben pedir permiso a los guardas que hay en la puerta del bloque para impedir una nueva ocupación.