Cándido y Morala recurren el embargo de sus cuentas y critican "la posición intransigente del juez"

Los sindicalistas Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero, condenados por los destrozos a una videocámara de vigilancia durante una de las movilizaciones de Naval Gijón, anunciaron hoy que han recurrido el embargo de sus bienes para el pago de la multa de 2.160 euros que el magistrado del Penal 1 de Gijón ordenó, al considerar que el indulto concedido por el Consejo de Ministros les inhibe de su abono.

Los sindicalistas Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero, condenados por los destrozos a una videocámara de vigilancia durante una de las movilizaciones de Naval Gijón, anunciaron hoy que han recurrido el embargo de sus bienes para el pago de la multa de 2.160 euros que el magistrado del Penal 1 de Gijón ordenó, al considerar que el indulto concedido por el Consejo de Ministros les inhibe de su abono.

Ambos, que hoy ofrecieron una rueda de prensa en la Casa Sindical, explicaron que en el caso de Morala, la cuenta bancaria embargada pertenece también a su madre y hermanos al ser el dinero recibido de la herencia de su padre, mientras que en el de Cándido, la cuenta la compartía con un hermano y fue cancelada ya en 2008.

Asimismo, señalaron que el juez recabó información de ellos tanto de Hacienda, como de Tráfico, el Catastro y la Seguridad Social para ver la forma de poder cobrar la multa. Un pago que está recurrido ante la Audiencia Provincial de Asturias. Un recurso que de no prosperar lo elevarán a instancias judiciales superiores.

Los sindicalistas aportaron documentos para dejar claro que lo que no menciona el Consejo de Ministros en su indulto, "se te inhibe" de ello. Es decir, al sólo reflejar que se les condenaba a la pena de cárcel de dos años -redujo un año la privación de libertad con el indulto_, condicionado al pago de la responsabilidad civil y a no cometer otro acto delictivo en cuatro años, se concluye que la multa no tienen que pagarla, según los afectados.

En declaraciones a Europa Press, Cándido aseguró que todo obedece a una "obsesión, represión y persecución tanto del juez como de las instituciones", y culpó especialmente a la Delegación del Gobierno en Asturias. A su juicio, se trata de un "ensañamiento tremendo" al no estar cerrado el caso desde 2005 y criticó "la posición intransigente del juez". "Es una venganza pura y dura", dijo.

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