Según informó IU en un comunicado, el escrito, que pone en conocimiento de la CE y el Consejo la situación de miles de inmuebles ubicados en las comarcas del Almanzora y el Levante almeriense, insta, asimismo, a que se implementen medidas para que las "autoridades españolas pongan en práctica" lo que se estipula como recomendación en el denominado 'Informe Auken', que denuncia el impacto del urbanismo en España sobre el estado de bienestar europeo.

Meyer, que se reunió previamente con representantes de los afectados, integrados en las asociaciones Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) y Levante Almeriense No (AULAN), traslada, asimismo la situación que viven "miles de ciudadanos implicados" para los que pide acciones tendentes a que se "cumplan sus derechos" si bien pide que se regule, al mismo tiempo, la protección del litoral de forma efectiva.

En concreto, detalla que los propietarios, que adquirieron vivienda fuera de ordenación construidas en suelo no urbanizable con licencia municipal, carece de documentación necesaria —cédula de habitabilidad— para tener acceso a los servicios de agua y electricidad y, además, "no pueden empadronarse o inscribirse en el censo" al tiempo que han quedado "al margen" de los procesos judiciales incoados contra sus inmuebles.

La UE, como destaca Meyer, ha reconocido en diversas ocasiones estos "abusos", como demuestra la aprobación de los resultados de la misión de investigación en Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana —Informe Libicki y Cashman (2007)—, o el informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario —Informe Auken, A6-0082-2009—.

"Todos han puesto de manifiesto la responsabilidad de todas las administraciones españolas en el desarrollo de un modelo económico devastador para el medio ambiente basado en la especulación urbanística", concluye el eurodiputado de IU.