En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la comisión ejecutiva regional de UGT-A, Piedad Pérez Arcos, recordó que la competencia para fiscalizar o investigar el fraude en materia de economía sumergida la tiene la Administración a través de la Inspección de Trabajo, que es la que debe "desarrollar las labores de vigilancia", aunque agregó que el sindicato "no tiene inconveniente en colaborar con las administraciones en este cometido".

"Todos somos responsables de la economía sumergida, que constituye un fraude dentro del propio sistema y que precariza y destruye empleo, a la vez que rebaja la aportación de prestaciones sociales, pues al no haber cotización no se contribuye al mantenimiento del sistema", agregó Pérez Arcos, quien insistió en la necesidad de que todos los agentes "debemos comprometernos a que esta situación no se dé".

Por ello, el sindicato hizo un llamamiento a los empresarios que sí cumplen la legislación para que "sean ellos mismos quienes denuncien a las empresas que están incumpliendo las normas", ya que ello supone "una práctica de competencia desleal para las que cumple con sus obligaciones y un deterioro del tejido productivo para la empresa".

Asimismo, reconoció que el sindicato tiene interés en saber y conocer cuáles son los datos "reales" de economía sumergida, aunque reconoció que "es muy difícil de recabar". Por ello, mostró su "sorpresa" por el hecho de que "por primera vez un ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, haya dado datos sobre este problema",

Consideró, por ello, necesario que la Inspección de Trabajo "ajustara las cifras para saber la realidad a la que nos enfrentamos y ponerle vía de solución", tras lo que reconoció que "hay sectores que se prestan más a este tipo de prácticas laborales".

"La economía sumergida precariza el empleo y destruye el sistema en su línea de flotación", aseveró.