De estos 683,8 millones destinados a Andalucía, 342,4 millones se destinarán a acciones de empleo, 259,1 millones a acciones de formación —de los que 65,8 millones será formación para ocupados y 193,2 millones a formación para desempleados—, 25,5 millones para modernización y 56,1 millones para acciones de flexibilidad.

Así se aprobó hoy durante la XLVI Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales presidida por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, donde la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, consideró que la cantidad aprobada supone "un paso más" en la gestión descentralizada de las políticas activas.

En concreto, Andalucía volverá a ser la región que más dinero reciba, con un total de 683,8 millones de euros, a la que siguen Cataluña (430,6 millones), Madrid (370,6 millones), la Comunidad Valenciana (295 millones), Galicia (247 millones), Castilla y León (176,7 millones), Canarias (174,1 millones), Castilla-La Mancha (144,5 millones), Extremadura (108,5 millones), Asturias (93,6 millones), Murcia (78,3 millones), Aragón (72,6 millones), Islas Baleares (53,1 millones), Cantabria (41 millones), Navarra (31 millones) y La Rioja (17,3 millones).

La distribución de fondos incluye cantidades destinadas a financiar diversos programas de empleo y de formación que mejoren la empleabilidad de las personas y que permitan utilizar activamente el tiempo de paro.

"Las políticas activas de empleo son el instrumento básico para mejorar la situación de los parados y para contribuir a que permanezca el menor tiempo posible en desempleo", afirmó la secretaria general de Empleo en rueda de prensa.

Consenso en la distribución

En cuanto a los criterios de distribución, que se aprobaron en la Conferencia Sectorial de Empleo celebrada en junio, Rojo recalcó que se aplicaron "sin discusión", y resaltó que "muchas comunidades" aplaudieron la celeridad de los fondos y el incremento en comparación con el año anterior.

La secretaria de Empleo concretó que el 80 por ciento de los 3.000 millones se distribuyeron en función del número de parados, el 10% en base al Fondo Social Europeo y otro 10 por ciento a aquellas regiones con una tasa de desempleo inferior a la media nacional.

Asimismo, el Gobierno mantendrá los 1.500 técnicos de orientación de los servicios públicos de empleo, que, según precisó Rojo, ayudaron a unas 500.000 personas en la búsqueda de trabajo en el último año.

Por último, Rojo aseguró que el Ministerio de Trabajo y las consejerías de las distintas comunidades ultiman un Real Decreto para flexibilizar la gestión autonómica y la transparencia de los resultados de las políticas de empleo y formación, así como reformular algunos programas.

"Estamos avanzando en la refundación de normativas en materia de empleo y formación", sentenció la responsable de Empleo.