Vecinos de Banana Beach en Marbella presentan a Junta un informe con casos similares que no han sido derribados

La comunidad de vecinos de la urbanización Banana Beach en Marbella (Málaga) entregó hoy en la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en Sevilla un informe urbanístico en el que comparan su caso con la situación de otras viviendas que no han sido derribadas.

Esta urbanización no ha sido incluida en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella por considerar que "no es legalizable", por lo que, según explicaron desde la comunidad vecinal, el informe prueba que Banana Beach "está siendo discriminada" por el Gobierno autonómico, ya que "no hay diferencias sustanciales entre su caso y el de otros numerosos edificios cuyas licencias habían sido impugnadas y que no serán derribados".

Así, el nuevo PGOU excluye el terreno de Banana Beach, cortando una esquina de un gran polígono urbanizable en La Ermita, "una exclusión que ni los vecinos ni los técnicos urbanistas alcanzan a comprender", indicaron, al tiempo que precisaron que quedan fuera del área urbanizable 238 viviendas, con aparcamientos y locales comerciales que comprende la urbanización.

El estudio —redactado por un equipo de técnicos urbanistas dirigido por Ángel Díaz del Río, presidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanísticas (AETU)— señala que existe "una clara discriminación tras comparar los datos de Banana Beach con los de los 16 casos más parecidos entre las promociones que el PGOU encargado por la Junta indultará, y que "son prácticamente la totalidad de los 1.009 edificios cuyas licencias fueran declaradas nulas por no ajustarse al plan vigente de 1986".

Según manifestaron, el dictamen "desautoriza" las figuras de actuaciones aisladas y áreas de normalización que usa el nuevo PGOU para normalizar estas promociones, ya que, según el estudio, estas figuras carecen de base legal y son, por tanto, un instrumento arbitrario.

En las fichas de las otras promociones, existen "numerosos casos" en los que el problema es que estos edificios ocupan terrenos que estaban reservados a sistemas generales de uso público, como es el caso de Banana Beach.

Así, explicaron que en concreto se legalizaron cuatro edificios que ocupaban parcelas destinadas a espacios libres, y otros 12 levantados en suelos para equipamientos generales, pero, a pesar de ello, estos edificios fueron declarados legales en el nuevo Plan, mientras que "a Banana Beach se le condena con las mismas circunstancias".

En su respuesta a las alegaciones de la comunidad de propietarios, el equipo redactor del Plan afirmó que esta urbanización tiene un impacto sobre el frente litoral "que la hace incompatible con las prescripciones de la Ley de Costas", cuando sin embargo, el estudio afirma que Banana Beach "no se encuentra dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre y, por tanto, cumple la Ley de Costas".

En cambio, el dictamen establece que "numerosas edificaciones localizadas en el término municipal de Marbella se encuentran dentro de la zona de servidumbre", incumpliendo de este modo la ley, sin ser puestas en cuestión, indicaron desde la comunidad, quienes añadieron que el frente litoral de Banana Beach no está ocupado por la urbanización, sino por instalaciones de la empresa pública de aguas Acosol.

Los redactores del Plan argumentaron que la parcela de Banana Beach es un terreno "irremplazable" con otro espacio libre, por lo que en un lugar distinto de la ciudad no cumpliría la misma funcionalidad, mientras que el dictamen establece que lo mismo ocurre con los demás casos, "ya que todos los sistemas generales ocupados son irremplazables por suelos situados en otros lugares".

Además, destacaron que el Ayuntamiento de Marbella argumentó, en un escrito del pasado 2 de diciembre en el que contestaba al Defensor del Pueblo Andaluz, que "las circunstancias que concurren en estos terrenos resultarían, si no idénticas, el menos similares a otras que sí han sido tenidas en cuenta para propiciar la normalización".

Los propietarios dicen sentirse "discriminados", y sin defensa jurídica, ya que el proyecto del nuevo PGOU "ha sufrido demasiadas modificaciones sin respetar las suficientes garantías para los afectados".

Así, tras la primera aprobación inicial en julio de 2007, una vez recibidas las alegaciones de particulares y los informes de las administraciones públicas, se pasó a la aprobación provisional de octubre de 2008, y a una segunda aprobación provisional en julio de 2009.

Entre la aprobación inicial y la provisional, "deberían haberse atendido sólo las objeciones presentadas, pero fueron tantos los cambios y elementos sustanciales nuevos, que según lo que establece la ley andaluza de Ordenación del Territorio, el documento debería haber vuelto a una aprobación inicial para permitir que los afectados pudieran alegar de nuevo". Sin embargo, entre las dos aprobaciones provisionales los casos cuestionados pasaron de 995 a 1.009.

El dictamen cuestiona también la legalidad del PGOU que se pretende aprobar, al haber sido redactado por un equipo dirigido por el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, a instancias de la propia Junta de Andalucía, "cuando las competencias corresponden al Ayuntamiento de Marbella".

"El Gobierno autonómico se arroga funciones que no le corresponden y las autoridades municipales dejan hacer ante la evidencia de que de otro modo la Junta no daría su necesaria aprobación", concluyeron.

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