El abogado expuso esta mañana ante la Sección Primera de la Audiencia de Málaga el recurso presentado contra el tercer auto de procesamiento de este caso, en el que el magistrado instructor Óscar Pérez procesó a Roca, a Von Bismark y a los letrados del despacho Sánchez Zubizarreta Juan Luis y Francisco Soriano Pastor, por una operación urbanística de compraventa de una parcela.

Esta pieza tuvo su origen en un informe del grupo III de Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol, en el que se investigaba la venta en diciembre de 1997 por parte de una sociedad propiedad de Von Bismark, de unos terrenos de 17.000 metros cuadrados en la zona de Nagüeles adquiridos por 204.000 euros por una empresa gestionada por el bufete Sánchez Zubizarreta, en la que Roca participaba en un 50 por ciento.

Indicó que "parece que ha habido una inercia en cuanto a la incorporación" de su patrocinada en esta causa y afirmó que no le preguntaron en su declaración si conocía si Roca estaba inmerso en alguna causa penal en 1993, cuando se inició esta operación con un convenio, en el que, según apuntó, no intervino ni éste ni su cliente.

Así, concretó que su patrocinada era la administradora única de la empresa que vendió los terrenos, aunque en 2000 dejó ese puesto, algo que, según apuntó, consta en la causa con documentos del Registro Mercantil; por lo que entendió que no se le puede achacar el no haber extinguido el contrato tras no incorporarse el convenio al Plan General marbellí.

Por su parte, el fiscal defendió el procesamiento de Von Bismark, al precisar que participó en la transformación de un bien ilícito y en la legitimación del dinero a través de esa operación de compraventa y mantuvo que ella estaba "en posición de conocer" la situación jurídico-penal de Roca y que éste estaba detrás de la operación.

Apuntó que la empresa que compra los terrenos se creó para ello, con Roca detrás. Además, señaló que el convenio urbanístico previo, "que en otra localidad era inocuo, no lo era en Marbella" y consideró que existen inicialmente indicios de que la procesada conocía "las expectativas de negocio de esta forma de manejar el urbanismo". La Junta y el Ayuntamiento marbellí se adhirieron a estos argumentos.