La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social indicó hoy que durante el pasado año 2009 el número de prestaciones para la atención a la dependencia aumentó en más de 100.000, duplicando así la cifra de las otorgadas en 2008, cuando se registraron unas 89.000 prestaciones. De todas ellas, se beneficiaron más de 144.000 personas en la comunidad, ya que la misma persona "puede disfrutar de más de una prestación".

Así lo explicó en rueda la prensa la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, durante la presentación del balance anual sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, donde también destacó que un 53,6 por ciento de las 189.000 prestaciones están relacionadas con algún servicio y un 46,4 por ciento, con "ayudas económicas para cuidados familiares".

Este último porcentaje supone una reducción de casi un cinco por ciento respecto a la media nacional, que ronda el 50 por ciento, y, según Navarro, esta tendencia a la baja responde a que los familiares, "poco a poco y cada vez más, entienden que deben primar los criterios profesionales" ante una situación de dependencia.

Pese a reconocer que es "muy difícil compatibilizar el criterio profesional con el familiar" y que la Ley establece que las familias puedan participar en la elección del tipo de servicio a recibir, Navarro insistió en la "necesidad" de que sean los especialistas del Plan Individual de Atención (PIA) los que evalúen los cuidados que requiere la persona dependiente. "Al igual que no se suele discutir el diagnóstico de un médico, tampoco se debería discutir éste", recalcó.

No obstante, la consejera se mostró "agradecida" por esta tendencia a la baja en la concesión de prestaciones económicas para el cuidado familiar porque, ante todo, significa que "se tiene más en cuenta el consejo del profesional" e, igualmente, las familias van asimilando que "hay cuidados que sólo puede realizar un profesional".

Respecto al presupuesto inicial previsto para el desarrollo de la llamada ley de Dependencia en 2010, Navarro afirmó que éste ha aumentado en un 49 por ciento respecto al de 2009, pero que podrá ser ampliado dependiendo de las necesidades "como ya se hizo el año pasado, que la partida presupuestaria inicial aumentó en unos 200 millones de euros".

Por ello, Navarro señaló que "no se trata de adecuar las necesidades al presupuesto, sino al revés". En este sentido, quiso dejar claro que "en momentos difíciles como el actual, es cuando hay que aumentar estas ayudas, porque no se puede parar ni una Ley ni un derecho como éste, y este 2010, como el pasado, será igual y si hay que aumentar el presupuesto, se hará".

Otro de los datos ofrecidos por la titular de Igualdad y Bienestar Social fue el de que las 189.000 prestaciones concedidas en Andalucía aglutinan al 33,8 por ciento del total nacional, un porcentaje que, según destacó, "casi duplica el peso poblacional de la comunidad, que es del 17 por ciento". Además, esto también significa que el número de prestaciones en Andalucía equivale al total de once comunidades autónomas, entre ellas, las de Comunidad de Madrid, Valencia o Asturias.

De hecho, Navarro ejemplificó este relevante dato con que Andalucía "multiplica por cuatro a las personas beneficiarias de prestaciones en la Comunidad de Madrid, y multiplica por 3,5 a las existentes en la Comunidad Valenciana". Esto significa, por ejemplo, que "Jaén tiene casi las mismas personas con prestaciones" que el total de la capital de España.

Otro de los incrementos más visibles en el pasado año en cuanto a la aplicación de la citada ley es el del crecimiento de plazas residenciales sostenidas con fondos públicos, que han aumentado en un 16 por ciento respecto a 2008 y que suponen 14.100 plazas financiadas más desde 2007. En total, la comunidad dispone de 41.500 plazas, de las cuales, 27.400 son para personas mayores y más de 14.000 para personas con discapacidad.

También aumentaron en un 13 por ciento respecto a 2008 el número de personas con gran dependencia con derecho a prestación, siendo, no obstante, en las personas con dependencia severa donde este incremento más se notó, con un cien por cien. Según Navarro, esto significa, por una parte, "que se está estabilizando el número de dependientes en esta modalidad", y por otro, "que están entrando en el sistema las personas que les corresponde de acuerdo al calendario de aplicación de la ley, lo que va a permitir a Andalucía estar preparada para 2011, cuando se incorpore la atención a la dependencia moderada".

En cuanto a los tiempos de espera entre que una familia tramita la solicitud hasta que se ésta se valora, la consejera indicó que "se han reducido y agilizado mucho", pero que, en todo caso "y salvo excepciones muy puntuales, no hay ninguna que exceda los seis meses que marca la ley". En ese sentido, recordó que de todas las solicitudes que se reciben, en torno a un diez por ciento de ellas no son aceptadas porque los demandantes de las prestaciones "no tienen ningún tipo de dependencia, ni siquiera del grado uno".

Generación de empleo

La consejera de Igualdad también realizó un paralelismo entre el incremento de prestaciones en Andalucía y el aumento de empleo en la rama sanitaria y asistencial, ya que, según expuso, los servicios "van ligados a la generación de un empleo estable y no deslocalizable, puesto que los profesionales tienen que trabajar allí donde están los dependientes".

Así, para el primer semestre de 2010, está previsto que la Consejería que dirige Navarro transfiera a los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales un total de 148,5 millones de euros para financiar la ayuda a domicilio, lo cual, repercutirá en el empleo y la formación de los profesionales de la dependencia. De hecho, la población ocupada en el sector de Servicios Sociales creció un 33 por ciento entre el primer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2009, lo que significa que se crearon más de 16.500 puestos de trabajo.

Asimismo, la afiliación media a la seguridad social en el sector de Servicios Sociales en Andalucía durante 2009 creció un 14 por ciento, mientras que en España el aumento fue del siete por ciento.

"posibles fraudes"

Preguntada por los medios si su departamento ha registrado durante 2009 casos de posibles actuaciones fraudulentas en cuanto a la obtención de las ayudas económicas a la dependencia, Navarro aseguró que, "en general, hay controles por parte de los Ayuntamientos y las entidades colaboradoras" que velan porque no ocurran estas situaciones.

No obstante, la consejera animó a todos los que "tengan conocimiento de irregularidades" en la prestación de las ayudas, sean éstas económicas o no, que "lo hagan llegar" a la Administración correspondiente porque, según apostilló, "el dependiente y sus familiares saben el número de horas mensuales que un cuidador debe pasar con el dependiente y, si no las cumple, tiene derecho a reclamarlo".

En cuanto a las plazas residenciales, Navarro sentenció que "en Andalucía no ha salido ni una sola persona de una residencia para recibir, en cambio, otro tipo de prestación". Según la consejera, la Junta no ha permitido esta traslación porque entiende que "si una persona necesitaba una residencia hace un año, muy difícilmente hoy puede no necesitarla". Además, recalcó que "si alguna familia tiene intención de hacerlo, tendrá que ser a través de los tribunales, porque en Andalucía eso no está permitido".