La propuesta pretende auspiciar una nueva política de transporte "más sostenible", según se recoge en un comunicado de prensa del partido. Este tipo de medidas son aplicadas desde hace años en ciudades de Alemania y Bélgica donde llegan a contar con más de 25.000 usuarios que evitan que se viertan a la atmósfera millones de toneladas de dióxido de carbono.

Los portavoces de Sí Se Puede consideran necesario el establecimiento de modelos de transporte compartido, fomentando el uso del vehículo propio de forma colectiva y animando a las sociedades que tienen más de diez trabajadores a contratar empresas de transporte colectivo, como ya hacen algunas instalaciones hoteleras ante los graves perjuicios que supone tanto para el tráfico como para el paisaje, pues la solución que se ha llevado hasta ahora es la de ampliar vías, "demostrando su escasa eficacia".

En este sentido, han opinado desde Sí se puede, "el Cabildo Insular se debería comprometer a fomentar institucionalmente el uso compartido de los vehículos particulares favoreciéndolo, como se hacen en otros países de la Unión Europea, con vías dedicadas a vehículos de alta ocupación y sistemas de ayuda para aquellas empresas que se acojan al proyecto.

"Esta práctica, fomentando además unos horarios más racionales que faciliten este tipo de medidas entre los trabajadores, mejoraría considerablemente la situación del trafico diario de vehículos entre el norte y el sur de la Isla, generando un ahorro considerable de combustible y evitando las congestiones que el paso de más de 120.000 vehículos diarios generan a través de las principales carreteras de Tenerife" puntualizan desde el partido.

Para la organización ecosocialista "esta medida sólo requiere de la complicidad institucional y el aprovechamiento sencillo de las nuevas tecnologías para poner en contacto a los posibles usuarios de este sistema de transporte compartido".

Alternativa Sí se puede por Tenerife ha valorado, además, la posibilidad de estudiar exenciones fiscales o de otro tipo para aquellas sociedades que contraten a empresas de transporte colectivo para sus empleados o se adhieran a esta campaña para el uso compartido de los vehículos privados.