Por este motivo, según expuso el propio afectado en un comunicado, ha vuelto a ingerir azúcar, sin interrumpir su huelga de hambre, para "tener fuerzas suficientes" para realizar la protesta. Así, destacó que permanecerá en la capital hasta que su caso -la resolución judicial, según la cual, él y su hermana deben pagar una pensión vitalicia a su madre, con la que no mantienen contacto desde hace 20 años- "se arregle".

Este hecho debe pasar, según indicó, por que su madre se acoja a la pensión del Estado o que alguna instancia judicial decida la revisión de su caso. Según Braojos, el Congreso, ya que en él se ubica el poder legislativo, es el "responsable de la obsolescencia e injusticia de muchas leyes", así como de que la custodia se conceda a un cónyuge y, de esta manera, se propicien "miles de casos de síndromes de alienación parental", opinó.

"Los responsables últimos no son los jueces, sino los legisladores, los diputados, y los políticos en definitiva. Los partidos políticos que no se han dignado a visitarme o a llamarme", criticó. Además, destacó que su protesta es una forma de denuncia ante el hecho de que algunos delitos como el asesinato o los malos tratos prescriben a los 20 años y, de esta manera, no puede acusar a su madre.

Braojos, mallorquín de 43 años, según reza en su página web, sufrió maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre, quien ahora, dos décadas después, reclama judicialmente el pago de una pensión de 400 euros, a pesar de gozar de una buena posición económica. Una tesis que la Justicia finalmente apoyó.