De esta forma, en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press, el líder 'popular' salió al paso del auto del magistrado Santiago Pérez Obregón, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por el que se acuerda el sobreseimiento de la querella contra cargos de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad y de la empresa Tragsa, y se ordena el archivo de las actuaciones, un auto contra el que cabe todavía recurso.

Diego aclaró que no ha tenido aún oportunidad de leer el auto pero en todo caso aseguró que si el magistrado dice que no hubo intencionalidad ni delito, lo respeta "por encima de todo".

Ahora bien, reiteró que el proceso por parte de la Consejería está "muy mal hecho" y subrayó que "eso no es discutible", porque hay documentos que demuestran que se pagaron "importantísimas cantidades" de dinero por unas obras que no estaban hechas.

"Nosotros no decimos que sea delito, eso le corresponde al juez. Nosotros decíamos que era un proceso mal hecho y pedíamos la responsabilidad que atañe a un responsable político que hace las cosas mal", apuntó el líder 'popular'.

Así, recordó que el PP no es "amigo" de la "judicialización" de la política y por eso llevó primero el asunto al Parlamento regional que, a su juicio, es donde "se deben dirimir este tipo de cuestiones" y asumir responsabilidades políticas. Pero lamentó que el consejero, Jesús Oria, "negó la mayor" y "se atrevió" a instar al PP a acudir a los tribunales si creía que se había actuado mal.

"Estábamos convencidos y lo teníamos documentado. Sólo se le pedía que asumiera las responsabilidades políticas de haberlo hecho mal. Si se nos pide que vayamos al juzgado, no nos queda otro camino", argumentó Diego.

Otros casos

Pero más allá del caso concreto del edificio Lagunilla el presidente del PP regional criticó que el Gobierno cántabro, "de alguna manera, se cree que está por encima del bien, del mal y de la propia ley, y actúa en muchas ocasiones de manera soberbia y prepotente".

Por ejemplo, mostró su preocupación por el hecho de que el director general de Carreteras, Manuel del Jesus, tenga que declarar por un presunto delito contra el medio ambiente relacionado con la ejecución de la carretera Los Corrales-Puente Viesgo. "Me preocupa que un director general actúe de esta manera, desoyendo los informes de otra Consejería", y no haciendo caso de los informes ambientales, apostilló.

También se refirió a la reciente condena al ex consejero de Industria Javier del Olmo por obstrucción a la justicia y prevaricación cuando era presidente de la Autoridad Portuaria de Santander; y lamentó que su sucesor al frente del Puerto, Christian Manrique incurra "en los mismos pecados e injusticias".

En este sentido, Ignacio Diego se preguntó si existe una "doctrina socialista" que asiste a los presidentes de la Autoridad Portuaria para que actúen "de forma antisocial, en contra de los intereses de los trabajadores y pisoteando sus derechos".

En cuanto a la instrucción sobre la gestión del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, en torno a la cueva de El Soplao, recalcó que el PP no quiere "interferir" en el proceso, sino dejar que los jueces "hagan su labor y determinen lo que corresponda".

Por último, respecto a la situación de Castro Urdiales, dejó claro que el PP, en cuanto hubo la primera imputación a un concejal adscrito a sus filas le dio de baja, aunque les sigue asistiendo la presunción de inocencia. "Y eso lo hizo sólo el Partido Popular", concluyó.