Tribunales.- PSOE alude a posibles "intereses extraprocesales o de rédito político" en la imputación de Rivas

El PSOE, que ejerce la acusación popular en el caso del presunto intento de cobro de comisiones ilegales por parte de directivos de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza, confió hoy en "descartar" que "exóticos intereses extraprocesales o de rédito político" sustenten la "inexistente" imputación del delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, imputado en esta causa junto a los ex directivos del mercado central Fernando Mellet y Antonio Ponce, y la funcionaria Regla Pereira.

El abogado que representa al PSOE —que pide que se retire la imputación contra Rivas y Pereira— se expresa de este modo en el recurso de reforma presentado contra el auto dictado el pasado 14 de diciembre en el que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya Rodríguez, acuerda la incoación del procedimiento ante el tribunal del jurado, añadiendo además el letrado que "flaco favor" se hace al Derecho Penal con una imputación "tan carente de fundamentos".

En el escrito, consultado por Europa Press, el PSOE señala que en el ámbito político "no puede valer todo", añadiendo que la imputación del delegado provincial de Empleo "carece de indicios racionales, serios y de la más elemental lógica", al tiempo que deja claro que, como acusación popular, "está dispuesto a solicitar hasta sus últimas consecuencias las responsabilidades penales que se deriven de estas actuaciones", todo ello "sin extender las responsabilidades penales que se puedan depurar más allá del propio ámbito del procedimiento judicial, limitando los excesos que, por intereses extraprocesales, se están propiciando y alimentando hacia el ámbito mediático, deformando la realidad de los hechos".

En este sentido, considera un "sarcasmo" la imputación de Antonio Rivas en este procedimiento, ya que la misma "está fundada solo y exclusivamente" en un testimonio "por referencia" de Ponce y en la declaración de Mellet, y agrega que "sin hechos, o sobre la base de unas afirmaciones carentes de consistencia, se están atribuyendo imputaciones de relevancia penal extrema para un cargo público efectuándose una diabólica inversión del principio constitucional de la presunción de inocencia".

"pasearlo por la plaza pública"

De igual modo, entiende que por parte de la juez instructora "se ha declinado hacer uso de sus facultades, en orden a efectuar una mínima investigación complementaria que descartara o corroborara la participación de Rivas", e insiste en que "la colusión de intereses político-procesales que se viene constatando y produciendo" en las presentes diligencias "nos lleva a la convicción de que, con la acción penal emprendida, unos de los objetivos que se persiguen, de forma injusta, no es otro que el de dañar la imagen pública" del delegado de Empleo, "por el mero hecho de formar parte de una estructura político-administrativa y sin que se haya acreditado ni un solo atisbo de participación en los hechos que se persiguen".

"Con una imputación carente del más mínimo fundamento y constando su no participación en los hechos punibles que se persiguen, se consigue y logra el objetivo último de pasearlo y exhibirlo por la plaza pública", según prosigue el PSOE, que se pregunta "quién va a abonar los perjuicios irreparables causados con esta imputación, cuando Rivas salga absuelto", al tiempo que dice "no querer ni pensar" que el impacto informativo y mediático alcanzado en la causa con la imputación de Rivas "se haya podido constituir en un elemento distorsionador y determinante para la continuidad de su situación procesal" en el auto de incoación de procedimiento de la Ley del Jurado, "pese a la ausencia de elementos probatorios, en una suerte de 'sostenella y no enmedalla'".

Hay que señalar que en una providencia emitida hoy lunes, la juez Mercedes Alaya Rodríguez ha dado traslado a las partes de los recursos de reforma presentados contra el auto dictado el pasado 14 de diciembre en el que se acuerda la incoación de la causa por tribunal del jurado para que aleguen lo que consideren necesario en el plazo de tres días. Así, y una vez que se tramiten los recursos interpuestos, se acordará sobre la procedencia de continuar la tramitación del procedimiento incoado.

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