La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, admitió hoy que uno de los posibles mecanismos compensatorios para aquellos establecimientos hosteleros de más de cien metros cuadrados que emprendieron hace tres años obras de adaptación, en cumplimiento de la Ley Antitabaco que ahora emprende una modificación para prohibir también este hábito en dichos espacios, sea la posibilidad de establecer "desgravaciones fiscales" para estos locales.

Montero, quien hoy presentó en Sevilla datos relativos a las actuaciones de su departamento en materia de vivienda, señaló respecto al endurecimiento de la Ley Antitabaco que desde el Gobierno autonómico "ya hemos expresado nuestra voluntariedad de que la ley se endureciera en los espacios de menos de 100 metros cuadrados —en los que en la actualidad el hecho de fumar se deja a la discrecionalidad del empresario—, ya que, en Andalucía, la inmensa mayoría no optaron por liberar de humo estos espacios".

Pese a asegurar que desde el Gobierno de Andalucía "se sigue apostando porque se prohíba fumar en todos los espacios públicos", aludió a la salvedad de aquellos establecimientos hosteleros en los que se realizaron inversiones "hace escasos tres años" para permitir fumar en zonas acotadas, en cumplimiento de la normativa vigente.

Para estos casos, se refirió a la posibilidad de plantear una moratoria que permita amortizar aquellas inversiones, un argumento ya esgrimido por el Ejecutivo autonómico.

"En su momento, a los hosteleros se les dio una garantía de que dicha inversión la amortizarían durante un tiempo y que la ley tenía, en ese sentido, vocación de continuidad durante un período suficiente", argumentó al respecto la titular de Salud, quien explicó que lo que el Gobierno andaluz ha planteado ahora "es que si a los tres años se considera necesario también actuar sobre estos espacios".

Montero, quien también aludió a la "dificultad de que realmente se pueda ver si realmente se cumple con la normativa" en dichos espacios, apostó por todo ello por buscar un mecanismo "que permita la compensación de aquellos empresarios que realizaron la inversión para la adaptación, porque lo que no se puede es castigar a aquellos que cumplieron con una norma que perseguía una mejor salud para todos".

No incurrir en mensajes "contradictorios"

En opinión de Montero, la no inclusión de medidas correctoras y compensatorias para los empresarios que se ajustaron a la ley sería "dar un mensaje contradictorio", algo que "no es intención ni del Ministerio ni del Gobierno andaluz el que aquellos que cumplen la ley se vean ahora perjudicados".

Así, y consultada por Europa Press acerca de que si finalmente no se tiene en cuenta la propuesta andaluza una posible solución para los hosteleros, entendiendo que todos los establecimientos de más de cien metros cuadrados que hicieron sus adaptaciones pasarían ahora a ser espacios libres de humo, podría ser las rebajas fiscales, admitió que ello "podría ser una solución".

"Se pueden barajar diferentes alternativas, desde la que ha planteado el Gobierno andaluz con un período de convivencia de ambos espacios o con desgravaciones fiscales por el importe de las inversiones ya realizadas", reconoció Montero, quien dijo estar abierta a "cualquier otra fórmula que permita que el empresario que cumplió no se vea penalizado ahora con la modificación de esta norma".

No obstante, puntualizó que todos estos elementos "no se han discutido en el seno de ningún órgano, más allá de lo que ha sido nuestra opinión dentro de los medios de comunicación".

"La haremos llegar —la propuesta andaluza— desde la perspectiva de que compartimos que hay que seguir profundizando en la declaración de espacios libres de humo, pero también desde el conocimiento de aquellos que hicieron una inversión no se vean penalizados hoy por hoy con esta modificación de la normativa estatal".

Agregó que el estudio de medidas compensatorias para el sector empresarial que había hecho la inversión se hace "no tanto por motivos económicos de la propia inversión, sino para no mandar un mensaje contradictorio en relación con el que incumple la normativa, que posteriormente no ha tenido ningún tipo de sanción, y sin embargo aquellos que sí han cumplido con la normativa podrían ser sancionados".

Perspectiva de la salud pública no economicista

Del mismo modo, dijo que desde el Gobierno andaluz "nos parece más importante el mensaje de que, ante una norma de salud pública, se refuercen a aquellos que cumplen con la misma, que las cuantías económicas que se puedan resarcir con motivo de las inversiones realizadas".

Montero esbozó este razonamiento, "entre otras cuestiones, porque estamos a las puertas de una ley andaluza de salud pública, en dónde la voluntariedad del sector social es muy importante a la hora de llevar a buen puerto una ley y no dar el mensaje de que aquellos que cumplen, posteriormente pueden verse perjudicados".