La petición de penas para los miembros de una red de tráfico de droga y blanqueo de dinero en Torrelavega, de los que cuatro pertenecían a la misma familia, se ha rebajado a más de la mitad tras reconocer sus componentes los hechos y llegar las partes a un acuerdo sobre la condena.

En concreto, se pasa de los más de 36 años que para los siete imputados pedía al Ministerio Fiscal por estos hechos a los 14 años y ocho meses que para seis de ellos se han acordado hoy con las defensas en unas conversaciones entre las partes que han durado casi dos horas, antes de la celebración de la vista en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Finalmente, la principal pena la cumplirá Ramón V.R., para quien se piden cuatro años y ocho meses de prisión (frente a los ocho años y seis meses iniciales), mientras que para el resto de acusados —entre ellos su mujer y uno de sus hijos, así como la gerente del bar de su propiedad— la petición de condena se reduce hasta quedarse en los dos años de cárcel.

También se rebajan las peticiones de multa, que en el caso de uno de los hijos ascendía a un millón de euros y se han estimado cuantías menores en las cantidades económicas que los acusados habían logrado procedentes del narcotráfico (más de 103.000 euros en el caso del principal acusado, 42.700 a su esposa, que no tenía trabajo y unos 103.400 a uno de los hijos).

Además, se elimina la acusación de blanqueo de dinero al otro hijo, se establece como atenuante la toxicomanía de uno de los acusados y para todos se fijan como atenuantes las dilaciones indebidas por los retrasos en la celebración del juicio. No obstante, estas circunstancias no se traducirán en un grado inferior en las penas.

Los hechos

La operación que permitió la detención de los acusados se produjo en junio de 2006 y saldó con la incautación de casi siete kilos y medio de hachís y 331 gramos de cocaína, valorado todo ello en unos 55.000 euros. Además, se incautaron numerosos vehículos y teléfonos móviles, 5.270 euros y otros efectos.

El principal acusado es Ramón V.R., que ya fue condenado por tráfico de drogas en 1996 y 2002. Adquiría la droga, principalmente cocaína y hachís, y guardaba las partidas en sendas naves en los pueblos de Riaño (Santillana del Mar) y Tanos (Torrelavega).

Supuestamente las ventas se realizaban a través de otro de los acusados, Luis Miguel G.S., que vendía al por menor desde su domicilio en Torrelavega; así como en un bar propiedad de Ramón, en el que tenía como empleada y persona de confianza a Ana B.S., también procesada.

Un cuarto acusado, Manuel G.S., se encargaba de transportar y guardar la droga, que se ocultaba en bidones. Las cantidades pequeñas ya preparadas para la venta se guardaban en frascos de spray huecos.

Estos cuatro acusados lo están por delitos contra la salud pública, por el tráfico de drogas, y a ellos hay que sumar a la mujer del principal imputado y uno de sus hijos, procesados por el blanqueo de dinero procedente de estas ventas, al ponerse a sus nombres los bienes obtenidos.

En principio, de este último delito también estaba acusado otro de los hijos del matrimonio, pero la acusación se ha retirado al hijo, al no poderse probar que realizara inversiones conociendo el origen ilícito del dinero.

Diferencias en las penas

Tras el acuerdo, la pena para el padre pasa de ocho años y medio de cárcel y multa de 150.000 euros a cuatro años y ocho meses y multa de 14.780 euros. En el caso de la madre, de cuatro años y medio de prisión y multa de 165.000 euros a dos años de prisión y 21.300 euros de multa.

A uno de los hijos se le reduce de cuatro años y medio de cárcel y multa de un millón de euros a dos años y unos 50.000 euros; y al otro, de los tres años y medio y los 37.000 euros iniciales a retirarse la acusación y levantarse el embargo que pesaba sobre sus bienes.

En cuanto a la empleada, las penas cambian de los cinco años y medio de prisión y multa de 5.000 euros a los dos años y 911 euros de multa, y al colaborador acusado del transporte y custodia de la droga, de seis años y 3.700 euros a dos años y unos 15.000 euros, y al que la vendía en su domicilio, de 6 años y 3.700 euros a dos años y 649 euros.

En resumen, el propietario del bar cumplirá seis años de prisión mientras que para el resto se rebajan las peticiones de penas a dos años de cárcel, salvo para uno de los hijos, al que se le retira la acusación. En el caso de las multas, pasan de superar los 1,4 millones de euros a quedarse en el entorno de los 100.000 euros.