Para ello, el presidente de esta Asociación, Julio Guiral, se ha dirigido por escrito al Congreso de los Diputados y al Senado y les ha solicitado medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de la legislación básica estatal —contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público— en materia de acceso al trabajo público.

Esta Asociación entiende que "su respeto afecta al ejercicio del derecho fundamental de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad por parte de los ciudadanos españoles", reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Dicha petición se hace "a la luz de la reciente sugerencia del Justicia de Aragón, motivada por la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público por el Gobierno de Aragón en 2008, en la que dicha Institución recuerda al Ejecutivo autonómico la obligación de aprobar anualmente la Oferta de Empleo Público, tal y como prevé la legislación aplicable".

La aprobación anual de la Oferta de Empleo Público constituye así una medida de ordenación administrativa "imprescincible para la realización de los posteriores procesos selectivos que aseguren el acceso de los ciudadanos a las funciones públicas conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

"Su falta de aprobación cuando existen necesidades evidentes de personal constituye un claro exponente de la arbitrariedad con que el Gobierno de Aragón, especialmente los responsables de función pública, gestionan la política de personal en la Administración autonómica", critican.

"Ante dicha arbitrariedad, que ha llevado a la no aprobación de Oferta de Empleo Público en 2008", la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa apela al papel "que han de jugar las instituciones del Estado para asegurar el respeto en todas las comunidades autónomas de las obligaciones que impone el Estatuto Básico del Empleado Público".