Así, cree "insólito" en el ordenamiento jurídico español e "impropio de un Estado de Derecho la reacción arbitraria y desaforada del Consell" al dictar "una norma con rango de ley para oponerse y neutralizar una decisión del Ministerio de Cultura que le resulta "inconveniente". "Las leyes a la carta, además de crear indefensión entre los ciudadanos, son propias de regímenes autoritarios", aseguró.

En este sentido, indicó que el Gobierno valenciano "utiliza" este documento para "repetir que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de El Cabanyal "no daña" esta zona de la capital y que es "un instrumento compatible" con las razones que dieron lugar a su declaración como Bien de Interés Cultura (BIC). La plataforma estimó que "esto es jurídicamente intrascendente" y señala que la Generalitat "no puede sustituir a la declaración" del Ministerio de Cultura que considera que con esta intervención se produce expolio.

Salvem El Cabanyal sostuvo que el Decreto-Ley "insiste en que la competencia exclusiva sobre el patrimonio es de la Generalitat, sin perjuicio de lo previsto en el art.149.1.28 de la Constitución en relación con el expolio". No obstante, apuntó que "lo que sucede es que es precisamente ese precepto constitucional el que atribuye la competencia al Estado" de la que "ha hecho uso el Ministerio de Cultura".

Así, aseveró que es "sorprendente que el Decreto-Ley defienda la competencia exclusiva del Gobierno valenciano basándose en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le conviene (13 de marzo de 2008)", pero sin hacer "ni una sola mención a la última de las sentencias del Supremo (25 de mayo de 2009), que precisamente deja sin efecto lo expresado en la sentencia de 2008 respecto del expolio".

La plataforma destacó que la norma del Consell "olvida" que el Supremo "dice en la sentencia de 2009, con base en el art.149.1.28ª CE, que el Ministerio de Cultura es competente y tiene la obligación de declarar si existe o no expolio". Por ello, manifestó que "no es cierto, como dice el Decreto-Ley que son la sentencia del TSJCV y la sentencia del TS de 2008 (en casación de la primera) las que ponen fin al debate".

Por otro lado, Salvem El Cabanyal apuntó, respecto a la interpretación que el Decreto-Ley hace de las competencias del Gobierno valenciano, que "supone un auténtico fraude de la normativa vigente en materia de protección del patrimonio".

Consideró, de este modo, una "idea absurda y contraria al Estado de Derecho" que se diga en este documento que "siendo el conjunto histórico de Valencia un BIC por haberlo declarado así la Generalitat, es a la Generalitat a la que le compete definir los valores que lo hacen acreedor de protección", de forma que "no podrá existir ninguna expoliación por actuaciones que la propia Generalitat considera que no afectan a los citados valores".

La plataforma vecinal señaló, a este respecto, que "el hecho de que el Consell (u otra autoridad) dicte una norma no presupone ni de lejos" que el Gobierno autonómico "no pueda vulnerarla" ni "le da la prerrogativa de interpretarla a cada momento según le interese". "En un Estado de Derecho las instituciones no pueden ser juez y parte", afirmó.

En esta línea, criticó que el Decreto-Ley "deroga aquellas normas que lo contradigan" y "aquellas partes del Decreto 57/1993 del Consell (el que declara Conjunto Histórico y BIC El Cabanyal) que pudieran oponerse a lo establecido" en él o que "pudieran oponerse a la total ejecución del PEPRI".

Sin capacidad

Salvem El Cabanyal indicó que "queda absolutamente claro" que este documento de la Generalitat "no deroga la orden del Ministerio de Cultura sencillamente porque no tiene capacidad para hacerlo". "Entre ambas normas existe una relación de competencia, no de jerarquía", advirtió. Asimismo, estimó que "este conflicto deberá dilucidarse por la Audiencia Nacional en la solución del recurso que Ayuntamiento y Generalitat piensan interponer al efecto".

Por otro lado, la entidad consideró que la aprobación del Decreto-Ley es "una estrategia" del Ayuntamiento de Valencia y del Consell "para evitar que se hable de lo que realmente es importante", según dijo, que "las instituciones especializadas que defienden el patrimonio español (y que no tienen carácter político-partidista) han dicho que el PEPRI es un expolio del patrimonio valenciano y español".

Entre ellas citó "el Consejo Superior de Arquitectos de España, la Real Academia de la Historia, el Director del Museo Nacional de Cerámica, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universitat de València". Salvem El Cabanyal expuso que "el empecinamiento en no cumplir la ley" de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "deteriora el barrio y hace sufrir a los vecinos".

En esta línea, defendió que para esta zona de la capital "la rehabilitación es la única salida sensata que beneficia a todos, al menos a todos los ciudadanos de a pie", según dijo, "comerciantes, pequeños empresarios, trabajadores y vecinos con renta baja y media".