Según indicó hoy la Asociación a través de un comunicado remitido a Europa Press, este hecho puede darse tras la presentación, el pasado mes de octubre, de un recurso de alzada a la desestimación inicial de la Administración autonómica.

La apertura del expediente, "sólidamente argumentada en el recurso de alzada", permitiría someter a estudio de otras instituciones el Teatro Bretón, desde "distintos puntos de vista" como el arquitectónico, el histórico, el urbanístico y el cultural, entre otros. "Algo que, hasta ahora, está siendo evitado", añadió.

"La Junta de Castilla y León conoce que el Teatro Bretón es para el pueblo de Salamanca desde hace siglos, por razones sentimentales, históricas y sociales, un Bien de Interés Cultural", aseveró Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio.

Según el comunicado, la negativa a incoar el expediente tiene una "difícil argumentación" además de ser "incomprensible" para el público del Bretón, que es "la inmensa mayoría de los salmantinos".

En el recurso de alzada se contestaban, de forma "documentada", todas aquellas "posibles carencias" que la solicitud inicial pudiera tener e incluso el Teatro Bretón era referenciado ante otros bienes de la Comunidad y otros teatros del mundo, señaló.

Entre otros, la asociación destacó que es el espacio escénico de la época moderna más antiguo de Europa; un edificio en el que se han ido superponiendo diversas construcciones, la última del siglo XIX; su "clara influencia" en el planeamiento del lugar donde se sitúa así como en la configuración y evolución del entorno; ser reconocido como "referente de un sector urbano"; y "la importancia que tiene para la sociedad salmantina como elemento significativo e identificativo, en los últimos 450 años, especialmente en el siglo XX".

"Si aun así, desde la Consejería de Cultura, se estimase que el Teatro Bretón no puede ser incluido dentro de alguna de las categorías previstas en la actual legislación, siempre cabe la posibilidad de que la Administración autonómica opte por negociar con la propiedad una posible compra", subrayó la asociación.

Entonces, se trataría de "un proceso en el que podrían participar otras instituciones públicas y privadas". Para ello, destacó que "la implicación activa de las distintas instituciones locales, autonómicas y nacionales en la conservación de estos referentes de identidad ciudadana es, por lo tanto, obligatoria, incluso aunque éstos sean de titularidad privada".