Alborch, en un comunicado, lamentó que el Ayuntamiento y la Generalitat "hayan mostrado una mayor celeridad en enfrentarse con el Gobierno que en escuchar a los vecinos y rehabilitar el Cabanyal", y que "hayan optado por persistir en su propósito de destruir un barrio histórico patrimonio de todos en lugar de cumplir una orden ministerial que pretende garantizar la pervivencia del patrimonio histórico del Cabanyal y de la ciudad, así como del modo de vida de sus vecinos y vecinas".

En este sentido, Alborch indicó a Barberá que la orden ministerial "está adoptada en interés de los valencianos y valencianas, de su patrimonio y de su identidad, en cumplimiento de sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo", y que "no supone en absoluto una invasión de competencias", pues el artículo 149.1.28 de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva en la "defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación".

Además, las propias sentencias "obligan" al Ministerio de Cultura a pronunciarse de forma motivada sobre la expoliación tomando en consideración los numerosos informes técnicos de expertos e instituciones existentes e ignorados por el Ayuntamiento y la Generalitat, explicó.

"Desconocemos, en cambio, cuáles son los fundamentos e informes que dan soporte al decreto-ley aprobado por el Consell para incumplir la orden", subrayó la representante socialista.

"Barberá intenta plantear como un conflicto de competencias lo que se trata realmente de un conflicto de valores", afirmó Alborch, para quien "resulta incomprensible que, ante la disyuntiva de recuperar un barrio o destruirlo y hacer sufrir a sus vecinos, la alcaldesa, con la connivencia del presidente de la Generalitat, haya optado por lo segundo".

"Como decían los clásicos, sólo los bárbaros identifican la destrucción con el progreso", consideró la portavoz municipal socialista, quien lamentó que, de nuevo, "parece que la alcaldesa quiera manejar el Estado de Derecho a su antojo".

Así, apuntó que "respetar el Estado de Derecho es cumplir las resoluciones judiciales y la atribución de competencias establecidas en la Constitución", consideró la portavoz socialista, para quien "la aprobación de un decreto ley para vulnerar el espíritu y la letra de una ley no sólo no reestablece la seguridad jurídica sino que supone una nueva arbitrariedad de Camps y Barberá en su empeño por destruir el patrimonio de los valencianos".

Alborch reclamó por último a la Generalitat y el Ayuntamiento que, "en lugar de persistir en su empeño de destruir el Cabanyal, propicien un diálogo ciudadano, con la participación de vecinos, expertos, oposición y agentes sociales, para fomentar la rehabilitación del barrio mediante medidas orientadas a la recuperación del conjunto, a la rehabilitación de los elementos deteriorados y a la subsistencia de las formas de vida de sus vecinos y vecinas".

"Lo verdaderamente urgente es revitalizar el barrio y no aprobar ad hoc un decreto ley para generar de forma artificial un conflicto de competencias", concluyó la representante socialista.